Bárbara Isaac Roque, madre de la presa política del 11J Lisdany Rodríguez Isaac, denunció que su hija salió embarazada durante una visita conyugal con su esposo, también preso político, y estaría siendo coaccionada a abortar.
“Lisdany y su esposo, tras años esperando tener un hijo, mantuvieron un encuentro en el pabellón conyugal y, para sorpresa de ambos, ella quedó embarazada de un hijo muy deseado. Se encuentra de casi siete semanas de gestación”, dijo la madre de la prisionera en declaraciones enviadas a la organización Prisoners Defenders (PD).
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Oficiales de la Seguridad del Estado de la prisión Guamajal, en Villa Clara, estarían obligando a la joven a que se someta a un aborto.
“Nunca en la vida ha salido embarazada y casualmente en este mal momento viene a salir embarazada y ella no quiere sacárselo. Tiene seis semanas, casi siete. Y no le están dando buen alimento allí. No hay medicamentos, no hay nada”, denunció la madre de la presa política.
Ante esa situación, la Seguridad del Estado está presionando a la reclusa para que aborte.
“Ahora la Seguridad del Estado la quiere obligar a que se saque el niño. Ella me dijo que ella no quiere sacarse el niño. Ella se siente muy mal. No hay gravinol para los mareos. No tiene medicamento ninguno allá adentro. No la están atendiendo, porque quieren obligarla a que se lo saque”, precisó.
“Ella teme por su vida, que le obliguen a sacárselo y que le pase algo. Y yo también temo por la vida de ella”, agregó.
Bárbara Isaac conoció la noticia a través de una llamada telefónica realizada por su otra hija, Lidiani, quien también es presa política.
Lisdany y Lidiani tienen 25 años y son trillizas.
Dos de las tres hermanas están presas y se encuentran recluidas en la prisión de mujeres Guamajal, en Santa Clara, donde cumplen una condena de ocho años de privación de libertad por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021.
El 15 de julio de 2021, las autoridades detuvieron a Lisdany Rodríguez Isaac y a su hermana, Lidiani, por su participación pacífica en protestas el 11J.
Las hermanas, ambas auxiliares pedagógicas de profesión, no poseían antecedentes penales al momento de su detención. Esto, sin embargo, no importó a la Fiscalía Municipal de Placetas, que solicitó para ellas 10 años de prisión por los presuntos delitos de desorden público, desacato y atentado.
En marzo de 2022 se informó que había recibido una condena de ocho años de prisión.
Recientemente Naciones Unidas ha defendido su causa en la carta acusatoria enviada por cuatro Relatores Especiales y el Grupo de Trabajo para la Detención Arbitraria.
Ambas presas políticas son miembros de la Asociación de Yorubas Libres de Cuba, una comunidad de santería independiente.
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