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Fiscalía cubana pide 10 años para gemelas de Placetas por participar en protestas del 11J

Desde la prisión de Guamajal, las acusadas denuncian la farsa judicial.


Este artículo es de hace 2 años

La Fiscalía Municipal de Placetas, en la provincia cubana de Villa Clara, pidió 10 años de privación de libertad para las gemelas Lisdany y Lidianis Rodríguez Isaac, detenidas tras las protestas del 11 de julio.

Las jóvenes, nacidas hace 22 años de un parto de cuatrillizos, están inculpadas por los presuntos delitos de desorden público, desacato y atentado.

Actualmente se encuentran cumpliendo prisión preventiva, en la cárcel de Guamajal, en Santa Clara.

Lisdany y Lidianis, arrestadas el 15 de julio y sin antecedentes penales, forman parte de un grupo de manifestantes para los que la Fiscalía ha solicitado altas penas.

“Aquí en Placetas, las marchas fueron pacíficas. No hubo vandalismo, ni resistencia”, aseguró la madre de las prisioneras, Barbarita Isaac Rojo, quien ha escrito, inútilmente, al Tribunal Supremo y a la Asamblea Nacional para que interceda en el proceso contra sus hijas.

Desde la prisión y por vía telefónica, Lidianis Rodríguez Isaac denunció la farsa judicial y el acoso de la Seguridad del Estado, que ha visitado varias veces a las hermanas en la prisión para interrogarlas.

"Yo participé en la manifestación porque quise, ese es mi derecho", asegura Lidianis. "Pero el delegado del barrio, que la tiene cogida con nosotros, dice que no, que eso es ilegal".

"El delegado se apareció en mi casa a la una de la mañana para detenernos, junto con varios agentes de la Seguridad que me dieron golpes".

"Desde entonces, la Seguridad del Estado ha venido a verme varias veces para amenazarnos", prosigue la detenida. "Pero no preguntan por las condiciones aquí, por la mala comida. Lo que nos dan es un agua de coditos. ¿Por qué no vienen a ver eso? Porque ellos comen rico".

"No estoy de acuerdo con nada de lo que me están poniendo: todo es mentira y las pruebas están en los videos. En Placetas nadie tiró una piedra ni hay una tienda rota. En todos los videos la gente sale con la manos arriba diciendo que la manifestación es pacífica", explica.

“Es completamente injusto, porque las acusan de cosas que no hicieron. Ellas sí fueron a la marcha, pero su comportamiento fue pacífico, no hicieron ningún atentado a ninguna persona. En realidad, las están castigando por ir a las protestas ¡y dicen que aquí hay libertad de expresión!”, lamentó la hermana de las detenidas, Lismari Rodríguez Isaac.

A finales de agosto, el Tribunal Supremo de Cuba rechazó una solicitud de libertad a favor de Lisdany y Lidianis.

Según las conclusiones provisionales de la Fiscalía, las dos hermanas agredieron físicamente al oficial operativo de la Contrainteligencia, Ricardo González Abreu, y a dos ciudadanas, presuntamente, miembros de las Brigadas de Respuesta Rápida.

Tras las protestas antigubernamentales masivas del 11J, las autoridades cubanas desencadenaron un ola represiva sin precedentes, que acabó con un muerto por disparos de la policía y más de mil detenidos en toda la isla.

Desde finales de julio, los tribunales locales de toda la isla han comenzado a juzgar o fijar las fechas de juicio contra los manifestantes.

La mayoría de los encausados, muchos de ellos en juicios exprés y sin las debidas garantías, fueron acusados por desorden público, y recibieron sentencias de 10 meses a 1 año de cárcel.

En Placetas, sin embargo, parece aplicarse otro criterio legal. La misma Fiscalía Provincial de Villa Clara pidió recientemente ocho años de privación de libertad para seis opositores y activistas de Placetas que participaron en las protestas pacíficas.

Arianna López Roque, Donaida Pérez Paseiros, Nidia Bienes Paseiros, Loreto Hernández García, Ciro Alexis Casanova Pérez y Mitzael Díaz Paseiros podrían cumplir esa condena de aprobarse la medida solicitada por la Fiscalía.

El presidente del Tribunal Supremo Rubén Remigio Ferro ha comparecido varias veces en los medios oficiales intentando dar una apariencia de legalidad a los procesos (incluso a aquellos que involucran a menores de edad).

Numerosos países, foros y organizaciones independientes que defienden los Derechos Humanos han manifestado su preocupación por la situación que padecen los detenidos tras las protestas.

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