El régimen cubano fue reelegido este martes miembro del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas (ONU).
En una votación secreta Cuba obtuvo 146 votos y ocupó junto a Brasil y República Dominicana los tres cupos destinados a países América del Sur y el Caribe.
“La reelección de Cuba al Consejo de Derechos Humanos es un reconocimiento de la comunidad internacional a la labor humanista de la Revolución. Continuaremos en nuestro camino hacia la construcción de una sociedad más justa para todos”, dije el canciller del gobierno que mantiene casi 1,000 presos políticos tras el estallido social de julio de 2021.
Por su parte, el gobernante Miguel Díaz-Canel agradeció “el respaldo de quienes han mostrado su confianza en nuestro compromiso de continuar defendiendo los legítimos intereses de las naciones en desarrollo”.
Entre los aliados de Cuba, China obtuvo un puesto en el Consejo, pero Rusia, sin embargo, quedó fuera. Además de estos países con una amplia hoja de violaciones de los derechos humanos contra su ciudadanía, Albania, Bulgaria, Burundi, Costa de Marfil, Francia, Ghana, Indonesia, Japón, Kuwait, Malaui y Países Bajos.
En los últimos meses, organizaciones y grupos que trabajan por la libertad y democracia en el mundo abogaron porque el gobierno cubano quedase fuera del CDH.
La sección de América Latina de Civil Rights Defenders, organización que trabaja en la defensa de los derechos civiles y políticos, compartió un comunicado redactado junto a 10 organizaciones cubanas e internacionales en el que exigía la no reelección de Cuba.
El texto enumeraba cinco razones por las que Cuba no debía ser reelegida: los presos políticos, falta de libertad de prensa, los feminicidios, la persecución a artistas y la falta de libertad de asociación.
En marzo, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, anunció la pretensión de la dictadura castrista de renovar la membresía en el CDH.
Con esta nueva reelección, la diplomacia del régimen cubano se las ha arreglado para estar 18 años como miembro de este organismo, fundado el 15 de marzo de 2006 por la Asamblea General de Naciones Unidas mediante la Resolución 60/251, pese a las constantes denuncias de violaciones de los derechos humanos en la isla.
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