El gobierno cubano aumentó la cuota de la Seguridad Social para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) en el país.
La disposición, de carácter obligatorio, indica que a partir de septiembre los dueños de empresas del sector privado deberán acogerse al régimen especial de la seguridad social, el Decreto Ley 48, aprobado en 2021, según comunicó el medio oficialista Cubadebate.
De acuerdo con la norma, la seguridad social pasa al 20% de la base de contribución seleccionada, desde un mínimo de 2,000 pesos hasta un máximo de 9,500.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social indicó que entre los meses de octubre a diciembre de 2023, los trabajadores por cuenta propia y los socios de las cooperativas no agropecuarias constituidas antes de la entrada en vigor del referido decreto ley, deberán acogerse a la actual disposición.
La normativa referida contemplaba una disposición transitoria única que dejaba una moratoria de dos años a los trabajadores por cuenta propia y los socios de las cooperativas constituidas con anterioridad y tributaban de acuerdo con la escala establecida en las normas de 2010 y 2013.
En consecuencia y para realizar el cambio obligatorio, "se han adoptado medidas para facilitar el proceso de modificación de su base de contribución, sin necesidad de acudir a las oficinas de trámites y empleo, a las direcciones de Seguridad Social radicadas en la direcciones municipales de Trabajo o a las oficinas de la ONAT, a realizar este trámite".
A partir de septiembre y durante todo el último trimestre de 2023 deberán solicitar el trámite, que puede hacerse a través de un correo habilitado para ello (modificarbc@inass.gob.cu).
También advirtieron que de no realizar la solicitud de modificación en el plazo previsto, se procederá a realizar el ajuste de la base de contribución, al nivel mínimo de la escala, en una cuantía de 2,000 pesos.
En abril de este año el gobierno cubano aumentó los impuesto a los trabajadores del Estado.
A partir de entonces los trabajadores que ganen más de 15 mil CUP mensuales comenzarían a aportar un 10% de su salario a la Seguridad Social, que incluye pago de pensiones, atención médica, entre otros; mientras que aquellos que estén por debajo de esa cifra abonarían solo el 5%.
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