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Inspectores de La Habana acusaron a un vendedor de productos agrícolas de Guanabacoa por supuesto atentado contra un funcionario.
El sospechoso fue identificado como Dayron Vivo Moreno y al momento de darse a conocer la información se encontraba en prisión preventiva.
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La versión del gobierno de La Habana sostiene que un equipo de inspectores pidieron a Vivo Moreno que mostrara los documentos del local donde vende los alimentos.
Aunque la nota redactada por el gobierno local no especifica qué tipo de infracción podía estar cometiendo el sospechoso, sí especificó que junto a otras personas "hizo gala de una conducta provocadora y retadora al avanzar de forma amenazante a recuperar su carné de identidad ante las autoridades de inspección".
El relato agregó que el venderos arañó y provocó moretones a uno de los inspectores, por lo que fue necesario llamar a la policía.
"Los ciudadanos involucrados fueron detenidos y están bajo prisión preventiva hasta que se concluya el proceso de instrucción y sean presentados ante el Tribunal Popular para que se haga justicia", describió el comunicado, que no especificó el nombre de las demás personas involucradas.
El gobierno de La Habana amenazó al comerciante con una sanción de privación de libertad de dos a cinco años, de acuerdo con lo estipulado en el Código Penal cubano. Asimismo, ensalzó el trabajo de los inspectores que "deben lidiar con la conducta desafiante y transgresora de algunos ciudadanos".
"Esos inspectores actuaban en defensa de los intereses del pueblo y en contra de todos los que aprovechando la actual situación económica tratan de abusar de nuestro pueblo aplicando precios muy por encima de los índices de crecimiento razonables sobre el costo del producto", acotó.
El comunicado no refleja la versión del acusado, que tampoco ha respondido los mensajes enviados por CiberCuba.
En el primer trimestre de 2021, los inspectores de La Habana han impuesto más de 20 mil multas por poner precios abusivos o especulativos, cumpliendo el decreto 30/2021 del Consejo de Ministros y que es aplicable solo a los vendedores mayoristas y minoristas del sector privado.
"Se consideran precios abusivos aquellos cuyo crecimiento estén por encima de un rango razonable, en comparación con productos similares o dentro de la misma familia de productos, y que buscan lograr un nivel de utilidad o ganancia desmedida; y precios especulativos, los fijados a productos, principalmente de primera necesidad, superiores a los establecidos por la autoridad competente, vinculados a operaciones de recompra, reventa o ambas, con el objetivo de obtener ganancias", establece la ley.
La cacería contra las personas que se dedican a la comercialización de productos en Cuba es una indicación de las máximas autoridades, que culpan de la inflación económica al sector privado.
Para algunos expertos, estas redadas solo tienen un fin populista, que busca desviar la atención de la población de los culpables del fenómeno y culpar al sector privado de una situación, que es resultado de políticas gubernamentales erradas.
Hace unos días se hizo viral la retención de tres inspectoras, que intentaron multar a un taxista privado, de La Habana, por cobrar un precio diferente al establecido por las autoridades.
En venganza, el hombre estuvo durante horas dándoles vueltas por varios municipios de La Habana, sin dejarles bajar del vehículo. Las mujeres presentaron una denuncia contra el ciudadano.
Por su parte, muchos cubanos denuncian la corrupción que hay en los cuerpos de inspectores del país, que imponen multas a aquellos que no ceden a pagarles una comisión. Desde el gobierno e instituciones oficiales insisten en que sus trabajadores son ejemplos de respeto y moralidad.
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