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La joven cubana Mayelín Rodríguez Prado continúa detenida por transmitir en vivo la represión policial que hubo en Nuevitas, Camagüey, durante una protesta pacífica en contra de los apagones y el gobierno.
"La tienen en prisión preventiva, pero todavía está bajo investigación. No nos han dado nada nada en concreto, no nos han dicho ni cuándo va a ser el juicio, ni si va a salir en libertad, o con una multa. Estamos desesperados”, dijo su abuela Belkis Méndez a Radio Televisión Martí.
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Las declaraciones de la familia tienen lugar tras más de 17 días de detención en el cuartel provincial de la Seguridad del Estado, conocido como Villa María Luisa.
En un principio a Rodríguez Prado intentaron acusarla de cometer los presuntos delitos de corrupción de menores, incitación a delinquir, atentado, sabotaje y difamación, según la versión de la familia, pero en este momento las imputaciones han disminuido, sobre todo tras el registro que realizaron en su vivienda a finales de agosto.
"Me dijo el abogado que lo que tienen en el expediente es desorden público y que, a esta altura de la vida, [las autoridades] no puede salir con otro caso porque ya lleva 17 días", relató Méndez.
Asimismo, la abuela de la joven de 21 años lamentó que nadie se acuerde de alguien que solo dio a conocer al mundo la verdad de lo que estaba sucediendo en Nuevitas.
"La gente por la que ella se manifestó, porque a ella, gracias a Dios, nunca le ha faltado nada; pero ella lo hizo por el pueblo y hoy en día nadie se acuerda de ella, por lo menos aquí en Cuba", abundó.
El próximo lunes Mayelín Rodríguez Prado tiene visita familiar, apenas 10 minutos para reunirse con las personas que van hasta la unidad de la Seguridad del Estado donde la tienen aislada.
La organización independiente Justicia 11J denunció que las autoridades cubanas utilizan la represión para que las familias de los detenidos no denuncien la violación de derechos humanos que sufren, de ahí que muchas familias guarden silencio.
"No es posible el trabajo de denuncia y documentación sin la participación de las familias o allegados de las personas detenidas, y a lo largo de un año hemos podido confirmar que son justamente estas acciones las que pueden ofrecer un poco más de garantías a las víctimas", recalcó la ONG.
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