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El gobernador Ron DeSantis planea enfrentar la avalancha de inmigrantes cubanos hacia el estado de Florida reenviándolos en autobuses a Delaware, una iniciativa de abierto rechazo a la política de la administración de Joe Biden sobre la admisión de refugiados por la frontera.
"El estado no tiene jurisdicción sobre el tema de inmigración, pero sí tenemos jurisdicción sobre el bienestar de nuestros residentes y nuestras comunidades, y por eso el gobernador trabajó con la Legislatura para conseguir fondos y tratar de asegurar que [ante] esas personas que vengan ilegales, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, no vamos a pensar qué podemos hacer, y los vamos a enviar muy francamente [sic] al estado de Delaware, al estado del presidente", dijo la vicegobernadora Jeanette Núñez durante una entrevista radial en Miami.
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Núñez intervino el pasado miércoles en el programa "Cada tarde", que conducen los presentadores Agustín Acosta y Carinés Moncada por Actualidad Radio (WURN-1040 AM), para abordar la creciente ola migratoria de cubanos por puntos fronterizos de Estados Unidos.
"Lo que hemos hecho y que tratamos de continuar haciendo es tener una postura a nivel estatal sobre eso", afirmó Núñez tras revelarse esta semana que 177,848 inmigrantes cubanos ingresaron a territorio estadounidense en los primeros 10 meses del año fiscal 2022, de ellos más de 175 mil por la frontera mexicana.
Se trata del mayor éxodo irregular de cubanos hacia Estados Unidos en la historia de la nación americana. La estampida cubana acumula 208,023 personas registradas sin documentos en los casi 19 meses de la administración Biden, lo que supera ampliamente otras crisis migratorias desde Cuba, como el Mariel, en 1980, los balseros de 1994, y Camarioca, en 1965.
La propuesta de Florida sigue los pasos del gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, quien implementó la estrategia de enviar inmigrantes llegados a su estado por la frontera rumbo a Washington DC, desde abril, y más recientemente hacia la ciudad de Nueva York.
Abbott considera que debido a la continua negativa de Biden a reconocer la crisis causada por su política de fronteras abiertas, Texas ha tenido que tomar medidas sin precedentes para mantener seguras a sus comunidades. Su decisión ha sido blanco de críticas de líderes demócratas y grupos defensores de los inmigrantes por considerar que es una decisión motivada por razones políticas.
"Aunque no somos un estado fronterizo sí estamos sintiendo el impacto y lo vamos a seguir sintiendo... Y aunque sea solo una parte de esos números [de inmigrantes] que han venido por la frontera desde Cuba, tengan la completa seguridad que adonde quieren llegar, el punto final, es la Florida, no hay duda de eso", agregó la vicegobernadora.
El plan esbozado por Núñez, una cubanoamericana nativa de Miami, ha desatado duras críticas en la bancada demócrata y las redes sociales. La Comisionada de Agricultura de Florida y precandidata demócrata a la gobernatura estatal, Nikki Fried, consideró que se trata de una propuesta inapropiada.
"Palabras tremendamente inapropiadas de la vicegobernadora. Huir del comunismo y la tiranía para llegar a un estado con la riqueza de familia y cultura y ser deportado al norte en autobús es cruel y errado", dijo Fried en una declaración difundida este sábado.
El conocido periodista Marc Caputo, reportero político de la cadena NBC, comentó que resulta "absolutamente alucinante" que una hija de la comunidad exiliada que cuenta con los cubanos como amigos y vecinos, diga que sus compatriotas inmigrantes deben ser expulsados de Miami.
DeSantis ha sostenido una postura firme de rechazo a la inmigración descontrolada hacia Florida. El pasado junio promulgó una ley que prohíbe los contratos públicos con empresas que brinden ayuda y transporte a inmigrantes, incluidos los menores no acompañados.
Además, la legislación amplió la definición de "política de santuario" para evitar que ciudades o condados de Florida impidan a policías locales proporcionar información migratoria a las autoridades federales.
Núñez dijo sentirse preocupada por las consecuencias económicas y sociales que tendrá la inserción de miles de cubanos en Florida.
"Es una irresponsabilidad por parte de Biden y de toda su administración no lidiar con este tema. Esto va a ser peor que el Mariel, peor que todo el impacto de los años 80, y simplemente no hacer nada no es una opción", afirmó Núñez.
En realidad, la llegada masiva de inmigrantes cubanos ha generado caos y ha colapsado servicios de atención social del sur de Florida en los últimos meses. Se calcula que más del 60 por ciento de los refugiados cubanos se radican en el condado de Miami-Dade, mientras que el resto se reparte mayormente entre las áreas metropolitanas de Louisville (Kentucky), Houston (Texas) y Las Vegas (Nevada).
La situación ha obligado a medidas extremas por parte del Departamento de Niños y Familias de Florida (DCF) para poder atender la marea de solicitudes de los recién llegados.
En las oficinas de DCF en Miami-Dade, principal destino de los recién llegados, se producen largas colas y abarrotamiento en los alrededores desde horas de la madrugada.
Las dificultades para proveer servicios básicos y alojamiento a numerosas familias ha llevado a instituciones religiosas como la Iglesia Rescate, en Hialeah, a involucrarse en la atención de familias desprotegidas.
Pero las arcas de los programas estatales comienzan a sentir los efectos del arribo de cubanos. Aunque al entrar por la frontera terrestre no se les considera oficialmente admitidos (parole) y deben iniciar un proceso de asilo, la documentación entregada (I-220A o parole humanitario), les permite recibir algunos beneficios para su permanencia en el país.
Los procesados reciben una ayuda en efectivo de $180 dólares mensuales por un semestre, $250 dólares en sellos de alimentos (hasta un año) y atención médica (Medicaid), también por un año.
Sin embargo, la complejidad del asunto no se circunscribe al costo de millones de dólares adicionales para propiciar la ayuda a los inmigrantes, sino que el panorama legal no está totalmente despejado para que todos obtengan un estatus de residentes permanentes, amparados por la Ley de Ajuste Cubano (CAA).
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