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Un juez federal de Lousiana ordenó este viernes mantener en vigor el Título 42, una restricción relacionada con la pandemia del COVID-19 que afecta a los inmigrantes en busca asilo en la frontera sur de Estados Unidos.
De acuerdo con el fallo, la política instaurada por el expresidente Donald Trump y que la administración de Joe Biden pretendía desmontar la próxima semana "deberá continuar". Esta herramienta administrativa impide a los inmigrantes solicitar asilo en la frontera con México.
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La decisión judicial ordenó el mantenimiento de las restricciones mientras se desarrolla en los tribunales una demanda encabezada por Arizona y Luisiana, a la que se han unido otros 22 estados.
El juez Robert Summerhays, en el distrito de Lafayette, Luisiana, respaldó a los estados que argumentaron que la afluencia de inmigrantes por la frontera les impondría costos de servicios para los refugiados –como la atención sanitaria y la educación– que el gobierno federal no ha tenido en cuenta.
"Estos costos no son recuperables", escribió el juez Summerhays. "Los estados demandantes satisfacen así el requisito de daño irreparable para un requerimiento preliminar".
En las últimas semanas el Título 42 ha servido para regresar a México a cientos de inmigrantes cubanos, algunos de ellos destinados a albergues de la ciudad de Reynosa, en el estado de Tamaulipas. En lo que va de año fiscal, 1,256 cubanos han sido devueltos a México en virtud del Título 42, mayormente en los pasados meses de marzo y abril.
El dictamen judicial de este viernes vuelve a interrumpir una de las promesas de la política migratoria de Biden, que no obstante puede presentar una apelación ante el tribunal y hacer un llamado a los Centros de Control de Enfermedades (CDC).
El portavoz del Departamento de Justicia, Anthony Coley, dijo que el gobierno apelará la decisión y que los CDC habían determinado legalmente que "las condiciones actuales de la pandemia hacían innecesarias las expulsiones masivas", según un reporte del diario The Washington Post.
La Casa Blanca dijo que la administración discrepa del fallo del tribunal, pero que seguirá aplicando el Título 42 hasta la apelación.
El gobierno sostiene que el Título 42 es una cuestión de política de salud, no de inmigración.
A finales de abril, Summerhays, designado por el expresidente Donald Trump, se había opuesto a la medida y había bloqueado la decisión del gobierno de derogar la restricción sanitaria.
A través de un comunicado, el juez federal informó entonces que había emitió una orden de restricción temporal para prohibir que el actual gobierno levante el 23 de mayo próximo la restricción fronteriza de emergencia, implementada en marzo del 2020 para prevenir la propagación del Covid-19 en Estados Unidos.
Aunque la administración Biden revirtió otras restricciones fronterizas de la era Trump, esta herramienta se ha mantenido bajo el argumento de que las expulsiones rápidas eran necesarias para controlar la transmisión de la Covid-19 dentro de las instalaciones de procesamiento de inmigrantes.
Más de 1,9 millones de migrantes han sido expulsados del país desde marzo de 2020 bajo el Título 42, una disposición de salud pública que les niega la posibilidad de solicitar asilo por motivos de prevención de la propagación de Covid-19.
Sin embargo, los republicanos han manifestado preocupación por la situación en la frontera sur que el país comparte con México, adonde llegan diariamente miles de indocumentados intentando entrar a Estados Unidos.
En algunos estados como Texas se afirma que la situación es insostenible. Asimismo, han advertido a Biden que anular el Título 42 podría alentar a más migrantes a emprender viaje hacia la frontera, poniendo en riesgo la seguridad nacional.
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