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Un juez federal de Luisiana bloqueó la decisión del gobierno de Joe Biden de derogar la restricción sanitaria, conocida como Título 42, que impide a los emigrantes solicitar asilo en frontera.
A través de un comunicado, el juez federal de distrito Robert Summerhays, designado por el expresidente Donald Trump, informó este lunes que emitió una orden de restricción temporal para prohibir que el actual gobierno levante el 23 de mayo próximo la restricción fronteriza de emergencia, implementada en marzo del 2020 para prevenir la propagación del COVID-19 en Estados Unidos.
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La audiencia sobre este caso se realizó a puertas cerradas en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Oeste de Luisiana, y aún no queda claro si esta moción podrá impedir del todo que se levante la medida por parte de la actual administración de la Casa Blanca.
Hasta la fecha, mediante el Título 42, las autoridades estadounidenses en la frontera con México han podido expulsar desde marzo de 2020 a más de 1,8 millones de migrantes, según datos del gobierno.
Aunque la administración Biden revirtió otras restricciones fronterizas de la era Trump, esta continuó con la aplicación del Título 42 por más de un año, bajo el argumento de que las expulsiones rápidas eran necesarias para controlar la transmisión de la COVID-19 dentro de las instalaciones de procesamiento de inmigrantes.
No obstante, a principios de este mes los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) aseguraron que en esa agencia ya no creían que las remociones fueran necesarias para proteger la salud pública y que dejarían de autorizar el Título 42 el 23 de mayo próximo para dar tiempo a que los funcionarios de la frontera hicieron los correspondientes preparativos.
Este anuncio encendió no pocas alarmas de políticos, tanto republicanos como demócratas moderados, quienes expresaron sus dudas sobre la capacidad del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglpes) para lidiar con otra avalancha de migrantes en la frontera, ya de por sí rebasada en los últimos meses con haitianos, cubanos, y centroamericanos.
"Una vez que el Título 42 deje de estar en vigor, el DHS procesará a las personas encontradas en la frontera de acuerdo con el Título 8, que es el procedimiento estándar que utilizamos para poner a las personas en proceso de expulsión", apuntó en una declaración, el secretario de DHS, Alejandro Mayorkas.
También a funcionarios mexicanos les preocupa que la derogación de una medida adoptada bajo la administración Trump para reforzar la frontera con Estados Unidos fomente un aumento de la migración y más ganancias para los grupos criminales, a menos que Washington haga más para ayudar a mitigar el impacto.
"Los flujos migratorios que tenemos en este momento están fuera de control", dijo Rosa María González, legisladora de oposición del que representa al estado fronterizo Tamaulipas y encabeza la comisión migratoria de la cámara de Diputados.
González agregó que esperaba que más personas intentaran ingresar a Estados Unidos cuando finalice el Título 42 e instó a Washington a mejorar el acceso de los migrantes al mercado laboral estadounidense y acelerar el procesamiento de las solicitudes de asilo para aliviar la presión en la frontera.
El gobierno de México, que tampoco estuvo a favor de la postura migratoria de línea dura del expresidente Donald Trump, miró con cautela cuando el mandatario Joe Biden ha tratado de adoptar políticas más moderadas, consciente de que podrían alentar a más personas a hacer el peligroso viaje.
Más, porque hasta el momento, el gobierno de Estados Unidos no ha propuesto a México ninguna medida adicional para abordar los posibles resultados de eliminar el Título 42, y eso debe abordarse, dijo un funcionario mexicano que habló bajo condición de anonimato.
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