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Un total de 80 eventos represivos fueron documentados en Cuba entre los últimos días de abril y el primero de mayo, en su mayoría relacionados con el temor del gobierno a manifestaciones de descontento público durante la celebración oficial del Día de los Trabajadores.
Este total se contabilizó entre el 26 de abril y la tarde del primero de mayo y, según recoge el informe conjunto presentado por las plataformas Cubalex y Justicia 11J, se desglosa de la siguiente forma: 13 detenciones, 12 citaciones/interrogatorios, 28 vigilancia/cercos policiales, cinco desapariciones forzadas, ocho advertencias en vivienda, tres multas y otras 11 formas represivas.
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El informe hace notar que la preocupación del Estado cubano por que las voces críticas tomen el espacio público tiene lugar en un contexto de mayor descontento popular y pérdida del poder simbólico de la autoridad, donde resulta cada vez más notable la pujanza de la sociedad civil.
Entre los eventos de detención ocurridos en esos días, Cubalex y Justicia 11J destacan, por su singularidad, dos que tuvieron que ver con protestas en el espacio público.
El primero, el 27 de abril, se trató de una manifestación frustrada de los familiares de presos del 11J Yanaisy Curbelo (madre de Brandon David Becerra), Rolando Castillo (padre de Rowland Castillo) y Maylín Fajardo (madre del menor Lázaro Noel Urgellés).
El segundo, un día después, ocurrió luego de la protesta pública en el Boulevard de San Rafael, donde el activista Carlos Ernesto Díaz González (Ktivo Disidente) exigió a viva voz mayores libertades y derechos para todos los cubanos.
Para los redactores del informe, la primera de estas protestas, aun cuando fuese frustrada por la presencia de la policía política en las inmediaciones del lugar pactado, resulta un hito en el camino hacia la canalización de los reclamos de libertad en el espacio público por parte de los familiares de los manifestantes.
Además, denunciaron la práctica de la desaparición forzada (documentada en cinco ocasiones, en los días que el informe atiende), cuya práctica es negada por el Estado cubano ante organismos internacionales, así como la violencia política ejercida contra mujeres, quienes fueron víctimas de 30 del total de 80 eventos represivos.
Las organizaciones apuntaron que, desde noviembre del pasado año, en el contexto de la Marcha Cívica por el Cambio, no se observaba una concentración tal de eventos represivos. En aquellos días, 93 personas resultaron detenidas, 8 de ellas hasta hoy.
Cubalex y Justicia 11J reafirmaron el compromiso de su trabajo con “el reclamo de la libertad inmediata, la absolución y el sobreseimiento de las personas detenidas por razones políticas” y adjuntaron a su informe un documento donde se detallan los nombres de las víctimas y los pormenores de cada evento.
En vísperas del Primero de Mayo, fue palpable el aumento del acoso y la vigilancia contra periodistas, artistas y activistas en La Habana, como se recoge en el citado informe.
El pasado 26 de abril, la escritora y periodista independiente María Matienzo denunció que dos agentes de la Seguridad del Estado visitaron su casa, donde reside junto a su pareja, la activista Kirenia Yalit Núñez, para advertirles a ambas que no querían “confrontación”, que el Primero de Mayo estaba cerca y que debían estar “tranquilas”.
Un día después, los periodistas independientes Miriam Celaya y Yoe Suárez declaraban también que habían sido acosados por la policía política. A Suárez lo citaron a un interrogatorio en la estación policial de Siboney, mientras que Celaya recibió una visita en su domicilio de un agente de la Seguridad del Estado.
En Cienfuegos, grabaciones recogieron cómo la celebración oficial del Primero de Mayo terminó con altercados y detenciones en la plaza de la ciudad.
En el video filmado por la activista Keilylli de la Mora Valle se puede ver cómo personas que se quedaron en la plaza cienfueguera, festejando y bebiendo tras el desfile, comienzan a hacer aglomeraciones y terminan reprimidos por la policía.
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