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La Seguridad del Estado le propuso a la opositora cubana Aymara Nieto Muñoz salir del país como única manera de evitar una nueva condena.
Ismael Boris Reñí, esposo de la Dama de Blanco y miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), conoció de la propuesta el viernes pasado a través de una llamada telefónica, según relató la agencia de noticias independiente Cubanet.
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"Le dijeron que lo tenían todo preparado para que se fuera del país con toda su familia, y que entre esos casos estaba José Daniel Ferrer y otro grupo", confesó Boris Reñí.
La denuncia de los familiares de Nieto Muñoz tienen lugar poco después de que se realizara el juicio donde se le acusó de iniciar en 2020 un motín en la cárcel para mujeres de El Guatao, en La Habana, donde se provocó un incendio que puso en peligro la vida de la propia opositora.
La vista aconteció en La Habana, aunque la Dama de Blanco participó de manera virtual porque se encuentra en Las Tunas. El proceso no estuvo exento de irregularidades, ya que hubo problemas tecnológicos y las declaraciones no fueron congruentes.
"Las cuatro acusadas en ningún momento mencionaron que Aymara era participante de dicho motín ni de que había cedido una fosforera para darle candela a los colchones", dijo el esposo a este medio poco después del juicio.
Aymara Nieto Muñoz se encuentra encarcelada en 2018 por participar en las protestas pacíficas que convoca la organización opositora Damas de Blanco y desde 2019 enfrenta una condena de cuatro años por los delitos de daños y atentado.
La Fiscalía sostiene que Nieto Muñoz fue la principal instigadora de que las reclusas de El Guatao se amotinaran en marzo de 2020 porque la dirección del penal había decidido mantener cerrados los cubículos.
A pesar de que no se demostró su culpabilidad en los hechos, la trasladaron a la prisión de Las Tunas, donde vive su familia, pero alejada a más de 600 km de sus hijas, a quienes no puede ver con frecuencia por la distancia y las restricciones de movilidad impuestas por el coronavirus.
Por su presunta culpabilidad en el motín enfrenta una petición fiscal de cinco años de privación de libertad, aunque deberá esperar a que el tribunal dicte la sentencia firme en los próximos días.
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