La activista cubana Saily González reclamó el apoyo de las embajadas de la Unión Europea (UE) en Cuba para que se interesaran por el caso del artista preso político Luis Manuel Otero Alcántara e intercedan en su favor.
La activista pidió, ademásm visibilidad para los presos políticos en la isla, cuyo número creció en centenares tras las protestas del 11J, incluidos menores de edad que están siendo juzgados a penas de más de 10 años de prisión.
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"(Hago un) llamado a que las embajadas de la Unión Europea en Cuba observen lo que está sucediendo con Luis Manuel Otero Alcántara y los presos políticos en Cuba", dijo la activista en Twitter acompañando su mensaje de un vídeo con un conmovedor texto sobre la situación que enfrenta Otero en prisión.
El artista independiente cubano está otra vez huelga de hambre y sed, lo que debilita aún más su estado de salud. Se encuentra desde hace seis meses en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en la provincia de Artemisa.
Esta semana Claudia Genlui, pareja de Otero Alcántara, confirmó que el artista independiente se niega a recibir alimentos, visitas y llamadas, en protesta por su injusto encarcelamiento.
A Otero Alcántara, actualmente a la espera de un juicio, el Estado cubano lo acusa de los supuestos delitos de desacato agravado, desorden público, instigación a delinquir y ultraje a los símbolos patrios.
Saily González centra actualmente su activismo por los derechos humanos en Cuba en visibilizar los casos de los presos políticos en la isla tras las protestas del 11 de julio de 2021.
Recientemente la Seguridad del Estado la detuvo arbitrariamente, en la ciudad de Santa Clara. Le ocuparon su teléfono, un disco duro y sus earpods, para evitar que la activista imprimiera y entregara los Habeas Corpus de los familiares del manifestante del 11 de julio Andy García Lorenzo: Roxana, Jonatan, Pedro y Yenia que estaban detenidos en ese momento.
González lanzó una campaña de recaudación de fondos para pagar las multas impuestas a los familiares de Andy García. En menos de 24 horas la sociedad civil cubana había conseguido reunir todo el dinero para pagar las multas y restituir los teléfonos incautados por la Seguridad del Estado a los activistas.
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