En respuesta a una convocatoria del Gobierno Provincial del Poder Popular en Camagüey a participar con "unidad y entusiasmo" en una Marcha Patriótica por la Victoria, cientos de personas asistieron hoy a la Plaza de la Revolución Mayor General Ignacio Agramonte para expresar su apoyo al régimen, sin que se reportara represión de ninguno de los manifestantes por parte de las autoridades.
"A este pueblo le sobran razones para festejar en familia la victoria sobre la pandemia de la COVID-19 y sobre los intentos por derrocar la Revolución cubana", aseguró una nota del periódico local oficialista Adelante.
El Gobierno de la provincia convocó este sábado mediante un post en Facebook a que los trabajadores ubicaran el bloque de su sindicato en un gráfico sobre la ruta de la manifestación y se sumaran a la misma este lunes.
Ariel Santana Santiesteban, el primer secretario del Partido Comunista de Cuba en el territorio, exhortó a los participantes a seguir cosechando éxitos en el próximo año y felicitó al personal de la salud. Además, según Adelante, "ratificó la convicción de seguir el camino iniciado hace 63 años por este heroico pueblo".
Con esta iniciativa, el gobierno cubano demuestra una vez más que el ejercicio de derechos humanos en el país es, en realidad, un privilegio para los sectores que le apoyan, pues quienes se le oponen no pueden organizar manifestaciones ni protestar de manera espontánea.
Hace poco más de un mes, el grupo Archipiélago, en coordinación con distintas organizaciones independientes y opositoras, intentó realizar el 15 de noviembre una Marcha Cívica por el Cambio, totalmente pacífica, y la respuesta oficial fue la violencia. El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias militarizó el país y la Fiscalía General de la República calificó la marcha como anticonstitucional e ilegítima y amenazó con privación de libertad a sus principales promotores.
Dos miembros de Archipiélago, el médico Manuel Guerra, en Holguín, y el profesor universitario David Martínez, en Cienfuegos, fueron incluso expulsados de sus centros de trabajo, aunque las acciones represivas alcanzaron a decenas de personas. De acuerdo con los registros independientes de la organización Cubalex, entre el 13 y el 15 de noviembre en la isla se denunciaron unos 168 incidentes de hostigamiento por parte de autoridades y organizaciones contra ciudadanos por motivos políticos.
Además, el estallido social del pasado 11 de julio dejó un saldo de más de 1330 detenciones y un muerto a manos de la policía por un disparo. De las personas detenidas, 709 continúan encarceladas, mientras que las sentencias impuestas en los juicios realizados hasta ahora han llegado hasta los 30 años de cárcel.
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