La Seguridad del Estado (SE) de Cuba impidió a la periodista independiente Luz Escobar salir de su vivienda y el monopolio de las telecomunicaciones cortó el servicio de internet a miembros de la sociedad civil independiente en el Día Internacional de los Derechos Humanos.
"Hoy la SE manda a un oficial a los bajos de mi edificio para impedirme salir a la calle. Además, montan un cerco policial con una patrulla por si yo salgo llevarme detenida", denunció este viernes la reportera de 14ymedio en su página de Facebook.
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Durante su intercambio con el oficial de la policía política, este le informa que no puede salir del edificio donde vive "porque sabe qué fecha es hoy", y la amenazó con detenerla si violaba la orden.
En otra publicación, la reportera explicó que el oficial de la policía política le impedía asistir a una reunión de padres en la escuela de sus hijas.
"A ver qué dice de esto el Ministerio de Educación de la República de Cuba y la señora Ena Elsa Velázquez Cobiella o Yolanda Ferrer Gómez, presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea de Poder Popular que hace poco se dirigió al Parlamento Europeo para hablar de la 'manipulación de los derechos humanos contra Cuba' y aseguró que Cuba: 'se enorgullece de su ejecutoria en materia de promoción, protección y realización de todos los derechos humanos para todos los ciudadanos'", escribió.
Por su parte, el Comité por la Integración Racial de Cuba denunció que varios de sus miembros y otros activistas por los derechos humanos en la isla amanecieron sin acceso a la red de datos del monopolio de las telecomunicaciones ETECSA.
Cada 10 de diciembre se celebra un aniversario de que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobara la Declaración Universal de los Derechos Humanos, motivo que utilizan los activistas y opositores cubanos para denunciar las violaciones que comete el régimen de La Habana contra aquellos que disienten del discurso oficial.
Por su parte, el gobierno despliega recursos humanos y tecnológicos para desviar la atención y hacer creer que en la isla se cumplen con los compromisos internacionales suscritos.
Sin embargo, grupos independientes y entidades democráticas critican el acoso selectivo, la falta de libertad de expresión y la prisión por motivos políticos que sufren cientos de ciudadanos en todo el archipiélago a manos del gobernante Partido Comunista.
El opositor José Daniel Ferrer convocó desde la cárcel de Santiago de Cuba, donde se encuentra detenido por participar en las protestas pacíficas del 11J, a realizar acciones en todo el país en los que se denuncie la vulnerabilidad de DDHH en la isla.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) contabilizó en noviembre más de 1,130 acciones represivas del gobierno contra la sociedad civil independiente, siendo el segundo mes del año con peores resultados.
“Los datos, siempre parciales, reflejan la decisión del régimen cubano de impedir, a cualquier precio, las protestas pacíficas de la población. Resulta imprescindible que la comunidad internacional exija a La Habana el cese de tales prácticas lesivas y la liberación inmediata de todos los presos políticos”, afirmó Alejandro González Raga, director ejecutivo del OCDH.
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