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La periodista independiente Camila Acosta está acusada del presunto delito de instigación a delinquir, tras ser notificada este martes por el instructor penal de la Seguridad del Estado que lleva su caso.
Según explicó en una directa por la red social de Facebook, este martes fue citada para la estación de policía de Zapata y C en La Habana, a la que pudo asistir por no tener vigilancia donde reside por primera vez en cuatro meses.
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“Quitaron la vigilancia para que yo pudiera salir, pero al regreso ya estaba de nuevo en su lugar”, puntualizó la corresponsal del portal de noticias Cubanet en la capital de la isla.
Durante la cita, dijo, la atendió el instructor penal de la Seguridad del Estado que está llevando su caso, el teniente Ernesto Dávila Gallardo, y que le cambiaron las acusaciones.
“Estuve cuatro días detenida por reportar las protestas del 11 de julio y el delito que se me estaba imputando en ese momento era el de desorden público”, expuso en la red social.
Igual puntualizó que a los dos meses de ese arresto su abogado revisó el expediente de su caso y le habían añadido el delito de instigación a delinquir.
“Pero ahora mismo, el instructor penal que ha llevado mi caso desde el inicio me dijo que es solo el delito de instigación a delinquir, que ese es el único que se me ha imputado desde el principio”, comentó Acosta en su intervención.
Apuntó que ella sabía que le habían puesto el delito de desorden público, pero que el instructor penal le reiteró que era solo el de instigación a delinquir. “Sabemos que la Seguridad del Estado hace con nuestros expedientes lo que les da la gana”, opinó la periodista.
Acosta igual afirmó que el delito por el que ahora la acusan es “también un falso delito”, y la sanción podría ser de tres meses a un año de privación de libertad, o multas entre cien a 300 cuotas.
También apuntó que permanecía con la reclusión domiciliaria y que le notificaron que la Seguridad del Estado iba a proceder, después de cuatro meses de su detención y el registro a la vivienda donde fue detenida, a la revisión de la información en sus dispositivos móviles confiscados.
Según el Código Penal Cubano, el delito de instigación a delinquir, precisó Acosta, es instigar a otra persona a que cometa un delito y ese delito debe estar tipificado por la Ley.
No obstante, dijo, no se me precisó cuál es el delito al que yo estoy instigando a las demás personas para que lo cometan.
Sobre la incautación de sus medios de trabajo digitales precisó que en ningún momento a ella le entregaron el documento oficial sobre la misma, y al violarse ese paso considera que “le robaron” los medios con los que trabajaba.
“No sé si esta citación de hoy fue para intimidarme, para decirme que iban a revisar esos equipos, que yo sé que ellos ya lo hicieron, pero yo no tengo nada que esconder. Lo único que van a encontrar fotos personales de mi familia y mis trabajos como periodista, que de hecho ya están publicados y no tienen que revisar nada para verlos”, puntualizó.
Precisó, además, que si esa fue su intención, de nada sirvió.
Igual comentó sobre su intercambio con el instructor penal que el procedimiento penal no estipula que “tenga diariamente una patrulla en la esquina de su casa, ni varios oficiales de la Seguridad del Estado para impedirle salir de su casa”.
También refirió que le cuestionaron que fuera periodista y corresponsal del diario español ABC en La Habana porque no tenía una acreditación oficial por parte del gobierno.
“Pero ya sabemos que a ninguno de los periodistas independientes nos dan acreditaciones oficiales y esto es algo en lo que ellos [Seguridad del Estado] se amparan para hostigarnos constantemente”, aseguró.
Le dijo, incluso, que eso es un delito porque es usurpación de funciones públicas, además de que no podía salir de su casa, tenía que notificar si cambiaba de domicilio y que tuviera cuidado con lo que publicaba en las redes sociales.
“De los periodistas independientes que fuimos detenidos por reportar las protestas del 11J, soy la única que mantienen en estas condiciones, aunque en peores circunstancias están los más de 600 presos que ellos mantienen en las cárceles. No me gusta hablar de mi caso, solo lo hago a modo de denuncia, porque lo más importante es preocuparnos por toda esa gente que está tras las rejas”, expuso también la corresponsal de ABC.
Puntualizó que con ella están cometiendo una violación de la libertad de prensa y la libertad de expresión, y con esas personas presas, menores de edad incluso, están violando también muchos de sus derechos.
“Cada espacio que tengamos debemos exigir la libertad de todos esos presos políticos del 11J, que salieron pacíficamente a reclamar sus derechos, porque la violencia vino por parte de los órganos represivos, de las brigadas de respuesta rápida”, afirmó, también.
Asimismo, recordó, que esas personas que ejercieron violencia contra manifestantes pacíficos están libres y que en Cuba las leyes no son iguales para todos.
“En caso de ser sancionada, lo asumiré con mucho orgullo, porque yo no he cometido ningún delito. Informar no es un delito. Decir lo que se piensa no es delito. Oponerse a un sistema, denunciar las violaciones de derechos humanos no es un delito. Tampoco voy a asumir, ni aceptar el chantaje del destierro, del exilio forzoso para escapar de una sanción en Cuba”, concluyó en su directa.
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