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El joven Rafael Santos Regalado, quien cuenta con unos 12 mil seguidores en Twitter, fue multado hoy con 3000 pesos cubanos bajo el Decreto-Ley 370, luego de que fuera citado oficialmente este jueves para una "entrevista" en una estación de policía del municipio Marianao, en La Habana.
"Ya estoy en la casa, todo bien y bastante rápido, las típicas preguntas y alguna que otra sugerencia, una multa de 3000 CUP por ejercer la libertad de expresión en las redes sociales, nos vemos en un space en la noche para más detalles", informó en su cuenta en Twitter el joven.
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Al final de la tarde de este 14 de octubre, al dar a conocer la citación oficial que le habían dejado, Santos Regalado afirmó que él no era un un delincuente, ni un terrorista. "La libertad de expresión es un DERECHO al que NO pienso renunciar jamás", enfatizó.
Esta no es la primera multa que las autoridades cubanas imponen en lo que va de año haciendo uso del inciso I del artículo 68 del Decreto-Ley 370 sino la cuarta. En marzo también se impusieron multas a Adrián Góngora, en Las Tunas, y a Yeris Curbelo, periodista independiente de Palenque Visión, en Guantánamo. Al primero, por transmitir en vivo por Facebook una cola en una tienda, mientras que, al segundo, por filmar la protesta de un trabajador por cuenta propia frente a la estación policial de Caimanera.
El tercero fue el periodista independiente y activista guantanamero Emilio Almaguer de la Cruz, en septiembre, y por segunda vez en poco más de un año, también por sus publicaciones en redes sociales. Según explicó Almaguer de la Cruz en un comentario en ese momento, el motivo que le dieron fue una publicación que había hecho en Facebook el 31 de agosto, en la que sostuvo que “Cuba necesita de funcionarios comprometidos con su pueblo”, que realicen su labor buscando el bien de la comunidad.
De acuerdo con los registros de la organización independiente Cubalex, especializada en temas jurídicos y violaciones de derechos humanos en la isla, solo en 2020 en Cuba se multaron a 30 ciudadanos con el Decreto-Ley 370 de 2019. La mayoría, eran periodistas independientes y activistas vinculados a organizaciones disidentes.
La reportera y activista Iliana Hernández, colaboradora de CiberCuba, fue la primera persona a la que le pusieron dicha multa, el 13 de enero de 2020, cuatro días después de un allanamiento en su vivienda por agentes policiales, durante el cual le decomisaron medios de trabajo y objetos personales sin que le entregaran un acta de ocupación.
El inciso I del artículo 68 establece como contravención el acto de “difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas”, sin embargo, las autoridades lo han interpretado siempre arbitrariamente contra quienes expresan opiniones contrarios a los intereses del régimen.
Asimismo, aunque suelen ser funcionarios del Ministerio de Comunicaciones quienes aplican las multas, hasta ahora lo han hecho siguiendo indicaciones de agentes de la Seguridad del Estado.
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