¿Y cuál es el problema con querer cambiar el sistema político cubano?

Finalmente, el Gobierno cubano ha respondido de manera oficial a las solicitudes de autorización para realizar una manifestación pacífica que presentaron miembros de Archipiélago en las últimas semanas en distintas provincias. Por supuesto, la respuesta no ha sido positiva. ¿Alguien, en serio, esperaba que fuera positiva?

De una u otra forma, sabíamos que el Gobierno iba a reaccionar de la misma manera que ha reaccionado desde los años sesenta ante cualquier iniciativa de la sociedad civil que ha buscado cambiar mínimamente las cosas en Cuba: con hostilidad. Sabíamos, porque le conocemos, porque es predecible, porque ya somos demasiadas las generaciones que hemos vivido bajo censuras, prohibiciones, engaños, abusos y crímenes, que se colocaría a la defensiva.

El poder llevaba semanas mandando señales que no dejaban lugar a dudas acerca de su posición frente a Archipiélago: un grupo creado en Facebook el pasado 9 de agosto y en el que ya confluyen más de 26 mil personas, todas con proyecciones muy distintas, y en algunos casos hasta antagónicas, pero movidas por un mismo sueño de libertad y justicia para Cuba.

Cuando no habían transcurrido ni 72 horas de la presentación de la carta de solicitud de autorización en el Gobierno Provincial de La Habana, ese vocero sin pudor de la Seguridad del Estado que es Razones de Cuba, ya había publicado un artículo plagado de ofensas contra el actor y dramaturgo Yunior García, uno de los líderes principales de Archipiélago y de las protestas del pasado 27 de noviembre frente al Ministerio de Cultura. Y ese fue apenas el primer ataque.

En menos de un mes, Razones de Cuba ha publicado otros cinco textos similares contra el artista de origen holguinero, en un esfuerzo patético y desesperado por atentar contra su credibilidad social y criminalizar su labor política. Sin embargo, ahí no se detuvo la maquinaria represiva cubana.

Desde finales de septiembre hasta ahora, las denuncias de detenciones arbitrarias, cercos policiales, interrogatorios y cortes de los servicios de comunicación se han multiplicado en Cuba. Muchas de esas denuncias han venido de figuras de la oposición y el activismo que han firmado las cartas de Archipiélago y promovido la participación en la Marcha Cívica por el Cambio del próximo 15 de noviembre: Juan Antonio Madrazo Luna, Manuel Cuesta Morúa, Marthadela Tamayo, Osvaldo Navarro, Manuel Guerra, Dariem Columbié, Daniela Rojo, Luz Escobar, entre otras.

También el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias ha emitido una amenaza clara contra los civiles que quieren ejercer sus derechos, al declarar el 20 de noviembre, que era el día para el cual en un inicio Archipiélago había convocado a manifestarse en las calles, como Día Nacional de la Defensa y anunciar que desde el 18 estaría desarrollando ejercicios militares.

Y, como si no bastara, las vidas de los presos políticos se han convertido en otros escenarios de guerra en los que el régimen presume de su fuerza. El tratamiento jurídico y penitenciario que están dando las autoridades a los presos políticos constituye, ante todo, un mensaje intimidatorio que busca no solo castigar la desobediencia al poder sino disuadir a quienes piensan desobedecer al poder.

La organización independiente Cubalex, en conjunto con activistas del grupo virtual Desaparecidos #SOSCuba, reporta que en estos momentos hay unas 560 personas privadas de libertad por motivos asociados al 11 de julio, aunque acusadas de delitos comunes, que podrían enfrentar sentencias de 1 a 18 años de cárcel. Cifra que hay que sumar a la de presos políticos que ya había desde mucho antes de las protestas antigubernamentales: 152.

Irónicamente, la estrategia del gobierno cubano para "defenderse" de una oposición pacífica, que básicamente se sustenta en la violencia y el abuso de su poder, termina convirtiéndose en una fuente generadora de motivos para oponérsele. Puede lograr, gracias al control totalitario de las armas, los tribunales, las leyes, las instituciones, los espacios públicos y la fuerza laboral, impedir o neutralizar las expresiones disidentes que surjan en un momento determinado en la sociedad cubana. Pero la misma violencia y el abuso de poder están marcando su fin.

Cada grieta en el sistema que los gobernantes cubanos intentan solucionar a lo bestia, con un golpe, solo sirve para abrir grietas nuevas y más profundas en el sistema. Por cada persona que va a prisión injustamente, hay una madre, un padre, un hijo o una amiga que se rebela. Y un día el país completo se vendrá abajo, solo para que el pueblo vuelva a ocupar su lugar y sea el Gobierno el que le sirva y obedezca, y no al revés.

En la respuesta oficial del gobierno al grupo Archipiélago, se dice que las razones de la marcha del 15 de noviembre no son legítimas. "Los promotores y sus proyecciones públicas, así como los vínculos de algunos con organizaciones subversivas o agencias financiadas por el gobierno estadounidense, tienen la intención manifiesta de promover un cambio de sistema político en Cuba", argumenta el documento.

Pero, a 62 años de la instauración de un régimen excluyente, que ha dejado miles de víctimas, que ha sembrado odios, que ha destruido literalmente el país, que ha empobrecido a la población, vale preguntarse si no es hora de promover un cambio de sistema político radical. Sí es legítimo que los ciudadanos de cualquier país quieran cambiar por vías pacíficas y democráticas el sistema del que son parte. ¿Cuál es el problema con eso?

El Estado cubano es un Estado fallido, violento y corrupto. Ni siquiera las dos principales banderas de la propaganda oficial, que son la salud y la educación, funcionan apropiadamente. Pero incluso si funcionaran a la perfección, si de todas formas no hubiera garantías para asociarse y expresarse con libertad, fundar un medio de comunicación, producir riquezas o realizar huelgas, igual seguiría siendo necesario promover un cambio de sistema político.

Ninguna ley, ninguna Constitución que viole Derechos Humanos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, será jamás legítima. Es el respeto y la protección de los Derechos Humanos lo que hace a un Estado, un Estado, y no cualquier otra aberración. Y no hay otra manera de conquistar los derechos que no son arbitrariamente negados si no es ejerciéndolos, si no es mediante la desobediencia civil a leyes injustas.

Siempre recuerdo que la esclavitud fue ley, que la negación del derecho al voto de las mujeres fue ley, que la segregación racial fue ley, que la homofobia fue ley. No está en las leyes la última palabra, porque las leyes muchas veces, como en el caso de Cuba, solo responden a los intereses de los poderosos y privilegiados. La última palabra, siempre, la tendrá el pueblo.