El Decreto Ley 35 apuntala la indefensión de los ciudadanos ante el actuar del Estado

Algunos se han alarmado por la manera en que denuncié la implantación del Decreto ley 35 y sus disposiciones complementarias. No es la primera vez que alerto sobre el parangón de ciertas políticas domésticas con una ideología ―el fascismo― retomada, consciente o inconscientemente, por actores que intentan con su implantación aplastar cualquier posibilidad de disenso.

Resulta curioso que en el principal espacio informativo de la televisión cubana se bombardee con la posibilidad de que voces incómodas utilicen como guía de acción el Manual de Guerra No Convencional del Ejército de Estados Unidos, y se silencie la similitud con la propaganda nazi de preceptos que siguen al pie de la letra los medios de difusión masiva («La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentadas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto»).

Es incómodo enfrentarse a ello cuando un pensamiento único ha dictado que lo de Hitler fueron crímenes y lo de Stalin «errores», que la invasión a Irak por Estados Unidos no es comparable con la necesidad de «preservar el socialismo» marcada en las esteras de los tanques soviéticos que entraron a Praga en 1968, o por el hecho de que una encuesta entre los habitantes británicos de las Islas Malvinas no puede justificar ―claro que no― la ocupación británica de ese territorio de ultramar argentino, mas igual mecanismo se hace legítimo si lo utilizan los rusos para conquistar Crimea.

Ideas repetidas incansablemente intentan hacer ver que las manifestaciones del 11 de julio fueron organizadas premeditadamente en todo el territorio nacional. Sus cabezas pensantes lograron la hazaña de burlar un aparato de vigilancia con Ministerio del Interior a la cabeza e informantes de todo tipo cuadra por barrio y barrio por pueblo, arrastrando en su accionar a una sarta de imbéciles y de confundidos ―no otra cosa insinúa la propaganda oficial― que se dejaron arrastrar por mercenarios, delincuentes y anexionistas de la peor calaña.

De ahí que se televisen hasta el cansancio imágenes de actos vandálicos no representativos y se archiven videos como el de la manifestación en Camagüey en que la policía se ve impelida a dejar pasar a una multitudinaria manifestación que solo trae como armas las cuerdas vocales.

Los aplausos de los testigos del hecho y la sonrisa de júbilo de una muchacha que se oye tras la cámara quedarán como símbolo del espíritu pacífico que animó a la inmensa mayoría de los que se lanzaron a la calle ese domingo de julio. En su impotencia, las autoridades no han podido presentar una sola foto o imagen animada de manifestantes portando armas blancas o de otro tipo, en contraste con las decenas de testimonios de fuerzas del orden blandiendo armas de fuego, tonfas, gas pimienta o maderos almacenados en cantidades industriales para cuando la ocasión se presente.

Hasta hoy no se conoce de un solo represor que haya sido juzgado en los tribunales por abusos y golpizas debidamente documentadas en dichos videos, mientras cientos de jóvenes son condenados a prisión, reciben multas o en el mejor de los casos se van a casa con actas de advertencia por ejercer un derecho defendido en conferencia de prensa por el presidente del Tribunal Supremo Popular.

«Establecer el marco legal de las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación asociadas a estas y del uso del espectro radioeléctrico» es un objetivo legítimo de decretos leyes como el que acaba de aprobarse en la Isla o como los que existen en otras naciones, pero salirse con eso a solo treinta y siete días de un estallido social marcado por la utilización de las redes sociales no puede considerarse casual y despierta resquemores hasta en los más incautos.

Entre los incidentes de agresión que conceptualiza el decreto-ley de marras está ―calificado con un nivel de peligrosidad muy alto― el ciberterrorismo. Leamos su descripción: «Acciones mediante el uso de las TIC cuya finalidad es subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas y de masas, las estructuras económicas y sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo.

Alterar gravemente la paz pública. Desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional. Provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella». Ahora mismo, a tenor con la letra del 35, si Luz Escobar publica en las redes el video que logró tomarle al agente de la Seguridad del Estado que le impide ―órganos reproductores masculinos por medio― salir a la calle, ella será calificada de ciberterrorista, pues divulga en Internet el funcionamiento de una institución pública que es la que en este caso subvierte el orden constitucional, desestabiliza la vida de una ciudadana cubana y altera gravemente la paz pública.

El Decreto Ley 35 apuntala la indefensión de los ciudadanos ante el actuar del Estado y la impunidad de este último para definir qué puede o no «Coadyuvar a que la utilización de los servicios de telecomunicaciones sea un instrumento para la defensa de la Revolución». A diferencia de otras legislaciones del mundo, la nuestra parte de ser redactada ―y aprobada― bajo las directrices de un Partido que se define por encima de la Constitución y organiza, decide y controla los estratos sociales, incluidas las organizaciones políticas y de masas y las mal llamadas «no gubernamentales».

Como mismo este año se recuerda con insistencia el aniversario 60 de Palabras a los Intelectuales ―dando por sentado que sin su existencia no hubieran sido posibles la Campaña de Alfabetización, la socialización de la enseñanza artística y otros innegables logros del proceso revolucionario― y se ignoran los 50 años de un Congreso de Educación y Cultura que patentó por dónde venía la cosa con aquello de «Con la Revolución todo, contra la Revolución nada», dentro de 60 años nuestros biznietos podrán desayunar con las celebraciones de un hecho que marcará la paz ―de los sepulcros― en las redes sociales cubanas. Y tendrán su monumento Humberto López, El Guerrero Cubano e infinidad de aguerridos cibercombatientes que ponen muy en alto los principios defendidos desde que declaramos que esto es socialismo palante y palante y al que no le guste que arranque, que arranque.

El sesgo de nuestras vidas, en aquellos y en estos tiempos, ha estado marcado por lo que un político le dé la gana de definir como revolucionario o contrarrevolucionario. A partir del 17 de agosto de 2021 este post puede caer en el saco de la «alta peligrosidad», como «daño ético y social», por su «Difusión a través de las infraestructuras, plataformas o servicios de telecomunicaciones/TIC de contenidos que atentan contra los preceptos constitucionales, sociales y económicos del Estado».

«Treinta y nueve escalones», pudiera alegarse para rectificar mi título, haciendo alusión a la novela de John Buchan que en el año 35 del siglo XX adaptara al cine Alfred Hitchcock. Cuatro peldaños no es diferencia cuando la implantación del decreto ley 35 entraña tantos peligros en la escalada represiva contra las voces diferentes, y añade un suspense más a la larga lista de incertidumbres.