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Las autoridades de Holguín rechazaron este martes la segunda petición de fianza de Edelmer Góngora, un cubano discapacitado que cumple 28 días de arresto por participar en las protestas del 11 de julio.
"Es inhumano por las difíciles condiciones en que está y por la enfermedad que padece", dijo a CiberCuba, Dayamí Góngora, hermana del detenido. "No se puede entender este ensañamiento".
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Edelmer, de 37 años, figura entre los más alarmantes casos de detenciones tras las manifestaciones ocurridas en más de 60 ciudades y territorios del país un mes atrás. El padecimiento de una rara enfermedad ósea lo convierte en un prisionero altamente vulnerable, expuesto a otras complicaciones de salud en condiciones de cautiverio.
Su situación se ha complicado en la prisión, en el Centro de Instrucción de Holguín, donde contrajo escabiosis (sarna) al segundo día y presenta intensos dolores en los huesos. Una petición anterior de fianza le fue negada el pasado 4 de agosto.
Para complicar las cosas, el primer instructor policial del caso y el abogado contratado por la familia están contagiados de coronavirus. Dayamí dijo estar preocupada también por su hermano, que durante una conversación telefónica este martes le comunicó que estaba con fiebre.
El caso fue reportado a Amnistía Internacional por la organización Cubalex. La familia reclama la inmediata excarcelación de Edelmer por su precaria condición médica. En su trayectoria no se registran antecedentes penales.
"El tiene varias operaciones hechas por los tumores que le salen en los huesos y ahora mismo está padeciendo de mucho dolor", relató Dayamí. "Pedimos esta fianza con la historia clínica de su caso por motivos humanitarios, pero no se explica la negativa".
El padecimiento se llama exostosis múltiple y es una afección genética en la que la persona desarrolla tumores óseos en los extremos de los huesos, las caderas y los omóplatos. Debido a la enfermedad, se le crean malformaciones en las extremidades y se le deforman los dedos de los pies y las manos. no puede hacer largas caminatas, ni estar mucho tiempo de pie.
"El es una persona limitada, no tiene agarre fuerte con las manos, no se puede contar en una moto o una bicicleta, se le hacen esguinces y fracturas de la misma enfermedad... Por todo eso es absurda su detención porque él tuvo que aparecerse en la protesta en un bicitaxi, porque no podía caminar", explicó Dayamí.
Así fue hasta el epicentro de las protestas en Holguín el 11 de julio: en un bicitaxi. Dayamí cuenta que su hermano estuvo allí muy poco tiempo y regresó pronto a la casa. Tomó imágenes de la manifestación en las que él aparece y las colgó en las redes sociales.
Cuatro días después, el 15 de julio, agentes de la Seguridad del Estado se personaron en su hogar para arrestarlo.
"¿Realmente puede mi hermano ser acusado de atentado y desorden público por el solo hecho de manifestarse en el lugar, sin tirar una sola piedra? ¿Qué desorden o atentado pudo generar él?", se cuestiona ella. "Ni él mismo entiende por qué está preso".
La familia no ha podido verlo desde entonces, debido a las restricciones de la pandemia. Se le ha permitido llevarle ropa y aseo cada tres días en lugar de los siete que están estipulados.
El panorama familiar de los Góngora no puede ser más dramático. Edelmer vive con sus padres, que son personas ancianas con serios problemas de salud. La madre enfrenta una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y depresión, mientras que el padre también padece exostosis y tuvo un derrame cerebral.
Esta semana, el padre está presentando síntomas que pudieran apuntar a un diagnóstico de COVID-19, teniendo en cuenta que Holguín es una de las provincias más golpeadas por la propagación de la pandemia.
Edelmer es el único sustento de su hogar. Se dedicaba a vender productos agrícolas (viandas y vegetales) con una carretilla, junto a su padre. Justamente hace menos de un año protagonizó un incidente en la loma del barrio La Quinta, en Holguín, cuando las autoridades le decomisaron la mercancía y le impusieron una multa, por no contar licencia de vendedor ambulante.
El video del decomiso y el trato despectivo de las autoridades fue colgado entonces en las redes sociales y recibió amplia repercusión por las denuncias lanzadas por Eldelmer contra el sistema político cubano.
Organizaciones independientes como Cubalex -que monitorea la situación de los manifestantes detenidos el 11J- han observado una mayor severidad de las autoridades con los casos de personas con antecedentes de disidencia política o rechazo público al gobierno cubano.
"Mi hermano siempre fue anticomunista y lo proclamaba en todas partes. Su posición ha sido siempre clara", dijo Dayamí.
Cubalex ha registrado por sus nombres a 807 detenidos durante las protestas del 11J, aunque se estima que la cifra supera los mil en todo el país. Un total de 251 han sido excarcelados, algunos de ellos con medida cautelar de prisión domiciliaria, y 10 se reportan en desaparición forzosa.
La abogada Larisa Diversent, directora ejecutiva de Cubalex, denunció que instructores policiales y oficiales del Departamento de la Seguridad del Estado están coaccionando a detenidos por las protestas del 11J para que se retracten públicamente a cambio de perdonarles causas judiciales.
Fuentes oficiales informaron la pasada semana que han sido juzgados 62 manifestantes del 11J; de ellos 53 resultaron sancionados por desorden público.
Este lunes, en una reunión de juristas con la asistencia del gobernante Miguel Díaz-Canel, el vicefiscal general de la República, Marcos Caraballo de la Rosa, afirmó que en los procesamientos de los manifestantes se hará "un trabajo de evaluación individualizada de cada persona, de la participación de cada una de las personas en los hechos, qué se le puede probar, qué delito cometió y el papel del abogado en el debido proceso".
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