Miembros de la Unión Nacional de Juristas, incluidos profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, sostuvieron este lunes un encuentro con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, en el transcurso del cual reconocieron las actuales limitaciones de la legalidad socialista en Cuba.
El mandatario cubano defendió una especie de tutelaje del gobierno sobre los juristas, que deberán aportar sus herramientas al Estado a través de políticas públicas, y de un mecanismo de "transversalidad" a todos los procesos del gobierno.
En el encuentro, que duró más de cuatro horas, se llamó a "seguir perfeccionando nuestra sociedad" y otorgarle "la necesaria fortaleza jurídica todo cuanto hagamos en el país".
También se hizo referencia a los procesos legales que han seguido a las protestas masivas del 11 de julio pasado, que fueron abordadas como un hecho delictivo "grave".
La semana pasada, medios oficiales informaron de que se habían juzgado a 62 personas por participar en las manifestaciones del 11J. Mientras la prensa oficialista aseguró que en los juicios exprés a los manifestantes se han respetado las garantías, las redes sociales y la prensa independiente han aportado numerosas evidencias de lo contrario.
Durante la reunión, el vicefiscal general de la República, Marcos Caraballo de la Rosa, aseguró que el régimen respeta los Derechos Humanos aunque "a veces no lo decimos lo suficiente". "Tenemos que combatir en ese terreno", agregó, luego de detallar que en los actuales procesos a los manifestantes del 11J (criticados por las organizaciones de juristas independientes) se debe hacer "un trabajo de evaluación individualizada de cada persona, de la participación de cada una de las personas en los hechos, qué se le puede probar, qué delito cometió y el papel del abogado en el debido proceso".
Díaz-Canel insistió en que "necesitamos de asesores jurídicos implicados, útiles, proactivos... explicando, detallando, diseñando, porque ya sabemos que la norma jurídica no tiene como destinatario al jurista, reflexionó. Hemos ido dando pasos, pero todavía insuficientes, hay que acelerar eso y hacer más", reconoció.
Para el mandatario, el papel del Derecho en la sociedad cubana es ancilar con respecto al Estado, y se debe concentrar en labores de asesoramiento y capacitación de los llamados "cuadros" y organismos del gobierno.
En lo referido al asesoramiento legal, la doctora Marta Moreno Cruz, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, aseveró que es un tema fundamental, "que requiere –a partir de la reestructuración de nuestro modelo y la aparición de nuevos actores económicos, no solo estatales–, de un estudio y un reanálisis más profundo, asociado a varios elementos, el primero de ellos desde la propia preparación de pregrado en la Facultad".
Es un área novedosa –acotó–, los propios profesores no dimos esas asignaturas y hemos aprendido sobre esos temas con el decursar del tiempo.
"La formación de pregrado en el área de Derecho de la economía tiene que fortalecerse, no solo desde el punto de vista académico, sino también desde el punto de vista de la profesión", valoró Moreno Cruz. "Hemos ganado muchísimo en el ejercicio de la profesión, pero fundamentalmente en sectores vinculados a nuestra especialidad, y el asesoramiento jurídico tiene una gran dispersión que debe ser vista en toda su dimensión".
Particular interés tuvo la intervención en el debate de Yuri Pérez Martínez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Habana, que criticó las deficiencias que persisten en la figura del Delegado del Poder Popular, así como de los Consejos Populares y las Asambleas del Poder Popular.
"Tenemos muchas debilidades, no sólo en las figuras administrativas como puede ser un intendente, sino en los propios cargos", señaló.
"Nuestros mecanismos de participación son formales, carecen de objetividad, están plagados de formalismo y ritualidad y no generan una plena participación", aseguró Pérez.
Otras intervenciones también reconocieron las limitaciones de la legalidad socialista, a la que el gobierno se esfuerza por darle una apariencia de legitimidad de acuerdo con los estándares internacionales del Derecho.
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