La poderosa naviera francesa CMA CGM, la tercera mayor transportista de carga y contenedores del mundo, fue demandada por una familia cubanoamericana ante un tribunal federal de Miami al amparo de la Ley Helms-Burton.
En la demanda, 17 miembros de la familia Blanco Rosell -residentes en Miami-Dade- alegan que la compañía francesa trafica con propiedades que les fueron confiscadas en la zona del puerto del Mariel por el régimen de Fidel Castro en septiembre de 1960.
"CMA CGM ha traficado y sigue traficando con bienes confiscados, cuyas reclamaciones son propiedad de los demandantes desde la apertura del Puerto de Mariel, hace más de seis años", indica el documento, presentado el pasado 30 de julio.
La demanda menciona que según la Organización Marítima Internacional (OMI), los buques operados y dirigidos por CMA CGM "han traficado repetidamente con bienes confiscados haciendo 'escala' en la Terminal de Contenedores del Mariel (TCM), que forma parte del Puerto de Mariel dentro de la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM) y dentro de la Bahía de Mariel".
El texto agrega que la naviera realizó transacciones comerciales beneficiosas y otras actividades comerciales con la Terminal de Contenedores y Almacenes Universales S.A. (AUSA), que es una entidad subordinada a consocio militar estatal GAESA.
La demanda de los Blanco Rosell remarca que en diciembre de 2020 el Departamento del Tesoro añadió a GAESA, consorcio propiedad de AUSA, en la lista negra de entidades designadas, lo que impide que compañías y personas bajo jurisdicción estadounidense puedan realizar ninguna transacción comercial con los sancionados.
Los demandantes reclaman que fueron despojados sin compensación de la empresa Maritima Mariel SA, que poseía una concesión de 70 años para desarrollar muelles, almacenes e instalaciones portuarias en la bahía de Mariel, y del Central San Ramón y la compañía Azucarera Mariel S.A., que se hallaban en los terrenos que hoy ocupa la ZEDM.
Los demandantes consideran que la compensación requerida supera los $1,000 millones de dólares.
La compañía cubre 257 rutas marítimas entre 420 puertos de 160 países y transporta cerca de 15.6 millones de contenedores. Sus ganancias anuales superan los 16 billones de dólares.
Es el tercer litigio que entablan los Blanco Rosell contra compañías con negocios establecidos o vínculos comerciales en el Mariel. El pasado año habían presentado dos demandas contra las navieras estadounidenses Crowley Maritime Corporation y Seabord Marine, ambas con sede en Florida.
La pasada semana, la jueza Beth Bloom, del tribunal federal de Miami, desestimó en parte la demanda contra Seabord Marine y dio de plazo hasta el 10 de agosto para que los reclamantes ajusten los términos de la reclamación.
En el caso contra CMA CGM, con sede en Marsella, y su filial estadounidense en Norfolk, Virginia, los Blanco Rosell parecen tener más elementos a su favor.
Los demandantes indican que los registros del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) confirman que la compañía ha actuado como transportista de al menos 602 envíos de carga desde varios puertos de Estados Unidos incluyendo Miami- hasta el puerto de Mariel, declarado como destino final.
De acuerdo con la documentación, regularmente la naviera primero transporta los contenedores a Kingston, Jamaica, donde los descarga y luego carga en otras embarcaciones, alguna de su propiedad, y luego los traslada hacia el puerto del Mariel.
En mayo de 2015, CMA CMG se convirtió en la primera empresa internacional que firmó un acuerdo con el gobierno cubano para la explotación y el desarrollo de una plataforma logística en el puerto del Mariel, en cooperación con AUSA. El anuncio se hizo en La Habana con la presencia de Rodolphe Saadé, ejecutivo de la naviera, y el presidente francés François Hollande.
El acuerdo estipula que CMA CGM y AUSA operarán una plataforma logística de 17 hectáreas, la cual incluye 12.000 metros cuadrados de almacenes y frigoríficos. El grupo francés se encarga de la distribución de mercancías en la isla, el almacenamiento de productos de importación y exportación, y la distribución y almacenaje de contenedores.
Un total de 42 demandas se han presentado en los tribunales federales de Estados Unidos desde que el presidente Donald Trump activó el Título III de la Ley Helms-Burton, en mayo de 2019. La cláusula permite a los ciudadanos estadounidenses presentar reclamos de compensación por propiedades confiscadas por el régimen cubano a partir de 1959.
Ninguna de las demandas ha llegado a juicio hasta el momento y una de ellas se resolvió mediante un acuerdo de compensación. Siete han sido desestimadas de manera parcial o total por los jueces en tribunales de distrito o en circuitos de apelación.
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