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El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció la indefensión judicial que sufren las personas que que han sido detenidas en Cuba durante las recientes protestas contra el gobierno, debido a que los tribunales estarán cerrados toda la semana.
En un documento emitido este jueves, el organismo precisó que en ese periodo no será posible interponer recursos en favor de todos aquellos que hayan sido reprimidos.
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"Las estaciones de policía no reciben a los abogados contratados por los familiares para representar a los detenidos, las prisiones permanecen también cerradas y muchos detenidos han ingresado en prisión como medida cautelar y permanecen incomunicados", detalló el texto.
El OCDH subrayó que pese a la retirada del servicio de Internet en los teléfonos celulares y las limitaciones de movimiento en la Isla, su red de observadores ha constatado que existe una cacería del régimen contra los manifestantes.
"No hay ley, Cuba se encuentra en un estado de sitio o excepción no declarado, mientras las fuerzas represivas continúan con la represión, organizando redadas, allanando viviendas para detener a manifestantes con total discrecionalidad y violencia", precisó.
Según los informes recibidos, varios residentes el municipio de Bauta, en Artemisa, han huido de la policía hacia los montes.
La institución acusó al régimen de revisar los videos de las protestas que fueron compartidos en las redes sociales para identificar a los manifestantes e ir a detenerlos. Después les imponen multas que van desde los 300 pesos hasta los 5,000 pesos a los arrestados, que una vez liberados deben permanecer en sus casas.
Además, las autoridades están reclutando a trabajadores de organismos estatales para llevarlos a reprimir a otras provincias de residencia donde no les conozcan, y no se les informe adonde van.
El miércoles el gobernante Miguel Díaz-Canel afirmó que los participantes en las protestas son agentes anexionistas, ciudadanos con reclamos legítimos pero equivocados y otras personas con comportamientos marginales, a los cuales acusó de perpetrar actos de vandalismo.
El Ministerio del Interior (MININT) reveló que actualmente hay varios detenidos, principalmente personas de entre 25 y 37 años, y que sus familias saben dónde están, algo que han negado muchos familiares en los últimos días.
La jefa de la dirección general de investigación criminal del MININT, Moraima Bravet Garófalo, negó en la televisión que las manifestaciones fueran pacíficas y recalcó que la mayoría de los arrestados poseen antecedentes penales.
"Instigadores pueden ser, como se vio en el caso de la Güinera, personas en moto gritando '¡Arriba!' o '¡Patria y Vida!'. Eso es instigar al desorden", subrayó.
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