El presidente del Gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, admitió en una entrevista de televisión que “Cuba no es una democracia”.
Invitado al Informativo de Telecinco para contestar preguntas sobre la reciente remodelación de su gobierno, Sánchez fue inicialmente abordado con el tema de las protestas en Cuba y la represión desatada por el régimen cubano.
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“Es evidente que Cuba no es una democracia… No lo es”, admitió el presidente del gobierno español al ser preguntado si creía que Cuba era una dictadura. Escapando por la tangente, el líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) evitó contestar de manera directa y definió el régimen político imperante en la isla por “lo que no es”.
Con esa fórmula elusiva, el presidente Sánchez evitó complicarse en sus declaraciones sobre la realidad cubana. Una realidad en la que España juega un papel fundamental dentro de la comunidad internacional, tanto por los lazos históricos y afectivos que unen ambas naciones, como por el volumen de inversión de empresarios españoles en los sectores dolarizados de la economía cubana controlados por el régimen, principalmente el turismo.
Principal socio inversor en la isla, España juega desde hace décadas a mantener un pie en Cuba como estrategia de posicionamiento para cuando el régimen cubano decida emprender el camino de las reformas económicas que, desde los tiempos de Felipe González y Carlos Solchaga, vienen sugiriendo sucesivos gobiernos españoles.
Envuelta en la retórica de los lazos históricos y cuasi familiares entre las dos naciones, la política exterior de España hacia la isla no acaba de tener el efecto de apalancamiento suficiente como para ser un actor relevante en el futuro de la isla.
Los intereses de España en Cuba -principalmente en el sector hotelero en manos de los militares de la dictadura-, sumados a los de empresas multinacionales españolas en países bajo el área de influencia de Cuba, como Venezuela y otros de la región, constituyen un contrapeso demasiado fuerte como para exigir al régimen el respeto de los derechos humanos y las libertades civiles y políticas.
Distanciado de la vieja guardia del PSOE y de las opiniones de veteranos dirigentes como Felipe González, con larga experiencia en las triquiñuelas de la política exterior del régimen cubano, el ejecutivo de Pedro Sánchez se encuentra además atenazado por el pacto de gobierno con sus socios de Unidas Podemos, un partido que agrupa a sectores de la izquierda radical y afines a la llamada revolución cubana.
No obstante, el reconocimiento de que “Cuba no es una democracia” y de que se están viendo “imágenes muy duras” en el país a raíz de las protestas de 11J, constituye una muestra de tibio apoyo y solidaridad con la causa de la libertad en la isla. En ese sentido, pidió que los cubanos “se puedan manifestar libremente” y llamó a “acelerar todas las reformas” que traigan “derechos y libertades” al pueblo cubano.
Asimismo, afirmó que el arresto de Camila Acosta, periodista en Cuba del medio español ABC resultaba “improcedente”, por lo que aseguró que su Ejecutivo ha pedido su “pronta liberación”, un llamado que reiteró el comunicado del ministerio de Asuntos Exteriores español, ahora bajo la reciente dirección del diplomático José Manuel Albares.
“Es evidente que no es una democracia, pero tiene que ser la sociedad cubana la que encuentre el camino”, zanjó Sánchez, quien rechazó “injerencias” y expresó su “máximo respeto” a la sociedad de la isla, donde miles de personas han tomado las calles al grito de “Libertad” y exigido la dimisión del gobernante Miguel Díaz-Canel.
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