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La extracción ilegal de oro y otros minerales ha mostrado en los últimos años una tendencia creciente en Cuba, donde durante todo 2020 y el primer trimestre de este año operativos policiales actuaron contra 115 personas.
Juan Ruiz Quintana, director general de Minería, del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) precisó en reciente declaraciones a Granma que los casos se han dado principalmente en las provincias de Guantánamo, Holguín y Las Tunas, sobre todo en los lugares donde se concentran residuos de explotaciones antiguas de yacimientos de oro, coleras o donde existe oro aluvial.
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Advirtió, igualmente, de la ocurrencia de accidentes en el ejercicio de estas actividades, algunos fatales.
Aunque la extracción ilegal de recursos minerales puede tipificar como delito y enfrentarse por la vía penal, también constituye una contravención, por la que pueden imponerse multas y el decomiso de los minerales e instrumentos que sirvieron para cometer la infracción. Sin embargo, en ningún caso las medidas aplicadas revierten los daños ambientales, según subrayó el directivo.
Más allá de los perjuicios económicos, Ruiz Quintana estima el mayor impacto estriba en las afectaciones al medio ambiente y a los recursos naturales: el suelo, los cuerpos de agua, así como la flora y la fauna, unido al impacto negativo sobre la seguridad y la salud de las personas.
En su Artículo 23, la Constitución de Cuba dispone que los yacimientos minerales y las minas “son de propiedad socialista”, y precisa que, para explotarlos, sean del tipo que sean, se requiere una concesión minera que tramita la Oficina Nacional de Recursos Minerales (ONRM) y otorga el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros o el titular del MINEM, en dependencia del mineral de que se trate.
En Cuba está aprobada la minería artesanal para piedra, con destino a la construcción, arena y arcillas, pero no incluye ningún otro tipo de explotación minera.
Autoridades cubanas sostienen que la minería ilegal fue la causa del voraz incendio forestal que el 17 de abril se detectó en las inmediaciones del río Yarey, en el Departamento de Conservación Ojito de Agua, del Parque Nacional Alejandro de Humboldt, ubicado entre Guantánamo y Holguín, que es Patrimonio de la Humanidad.
El siniestro, que no pudo ser extinguido hasta el 9 de mayo, dañó 1 896 hectáreas de bosque que tardarán más de una década en reponerse.
En marzo de 2018, la prensa cubana reseñó la muertes de dos personas y tres heridos graves como consecuencia de excavaciones subterráneas llevadas a cabo por media docena de de seis personas. En ese caso, uno de los fallecidos contaba con siete advertencias previas por dedicarse a esa actividad.
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