La Habana, 28 mar (EFE).- Las autoridades cubanas han emprendido una cruzada contra la extracción ilegal de oro, una actividad que desde principios de año dejó dos muertos y tres heridos graves, y que provoca además daños medioambientales en las zonas en las que se practican esos "desordenados y brutales" procesos mineros.
"En busca de una fortuna rápida, los mineros ilegales no solo sacan provecho ilícito del patrimonio nacional y dañan el medio ambiente, también ponen en peligro sus vidas", señala hoy un amplio reportaje publicado en el diario estatal 'Granma'.
El artículo revela que a principios de año, en la zona oriental del país, "las excavaciones subterráneas de seis personas concluyeron con la muerte de dos, lesiones severas a tres y leves a una" debido a la inhalación de monóxido de carbono producido por un motor de combustión interna.
"Tan pronto se emprendió la investigación del desagradable hecho, salió a flote la falta de conocimientos técnicos para ejecutar una labor que requiere de precauciones extremas", señala el diario, que asegura que uno de los fallecidos contaba con siete advertencias previas por dedicarse a esa actividad.
Ante lo "persistente" de los extractores ilegales de oro, las autoridades cubanas han puesto en marcha un plan de acciones "para contener el fenómeno", explicó Juan Miguel Morán, vicepresidente del Consejo de la Administración Provincial de la provincia de Holguín, citado por 'Granma'.
El plan, en el que participaron la Policía cubana y el Cuerpo de Guardabosques, ha resultado en actuaciones contra 210 personas, de las que 141 fueron procesadas por delitos como actividad económica ilícita, receptación, desobediencia y tráfico de metales.
También se decomisaron 700 instrumentos, siete vehículos de tracción animal y se destruyeron 103 "facilidades temporales" creadas en las áreas de extracción.
Sin embargo, Morán pidió la aplicación de medidas jurídicas más integrales porque "el minero es el último escalón de la cadena" y "es necesario descubrir a quienes organizan y financian la actividad", entre ellos los fundidores, joyeros y traficantes que pretenden sacar el oro del país.
Además, la investigación también se centra en vigilar que las sustancias químicas que se emplean en esta actividad ilegal -como mercurio y ácidos sulfúrico y nítrico- no sean desviadas desde empresas estatales.
Otro de los problemas de la extracción ilegal de oro son los daños medioambientales que provoca, entre los que se encuentran el desnivelado de suelos, hoyos, deforestación, alteración de los cauces de los ríos y vertidos que afectan a la calidad del agua.
"Es una práctica destructora", agregó por su parte el jefe de la Unidad de Medio Ambiente en Holguín, Rolber Peña, quien alertó de que las alteraciones en los cauces de los ríos aumentan el riesgo de inundaciones por crecidas y también repercuten en la fauna, pues algunas especies emigran al ver modificado su hábitat.
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