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La administración de Joe Biden mantiene un firme interés en reactivar los servicios plenos en la embajada de Estados Unidos en La Habana, pero la decisión de reponer el personal, reabrir los trámites consulares y normalizar el funcionamiento de la sede diplomática no parece estar a la vuelta de la esquina.
“El compromiso de potenciar con más personal la capacidad de nuestra embajada en La Habana está en pie, aunque no podemos determinar un plazo para hacerlo efectivo”, dijo a CiberCuba una fuente de la Casa Blanca.
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La fuente recordó que la decisión está condicionada a la revisión abarcadora de la política hacia Cuba que realiza la actual administración, con énfasis en el respeto a los derechos humanos y los valores democráticos.
La administración Biden no parece incentivada a acelerar ninguna decisión respecto a Cuba. En reiteradas ocasiones, tanto la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, como altos funcionarios del Departamento de Estado han insistido en un pronunciamiento incluso desde la etapa de transición de poder en Washington: el tema cubano no figura entre las prioridades del gobierno de Biden.
Sin embargo, funcionarios en Washington y expertos en asuntos cubanos consultados por CiberCuba coinciden en que restituir las operaciones de la embajada en La Habana, regularizar los envíos de remesas y reactivar los vuelos a aeropuertos del interior de Cuba son las tres primeras medidas que Biden pudiera aplicar en su política de “pasos calibrados” hacia la isla tras la revisión de las sanciones impuestas durante la presidencia de Donald Trump.
La embajada estadounidense en Cuba constituye un asunto particularmente sensible. No solo en la estrategia política, sino por las implicaciones en los trámites migratorios y el congelamiento de los procesos de reunificación familiar por los últimos tres años.
El punto de giro en el funcionamiento de la embajada fue el llamado “síndrome de La Habana”, como se les conoce a los misteriosos incidentes que afectaron a 26 diplomáticos estadounidenses y sus familiares desde finales de 2016. La administración Trump retiró el 60 por ciento de su personal diplomático en septiembre de 2017, paralizando la casi totalidad de las operaciones en la legación en Cuba.
Desde entonces, los cubanos solicitantes de visados y los familiares con reclamaciones aprobadas para emigrar a Estados Unidos han tenido que viajar a un tercer país para realizar sus trámites, con un incremento cuantioso de gastos y dificultades de movilidad. Los casos de reunificación familiar se han visto obligados a viajar primero a Colombia y luego a Guyana para completar sus procesos migratorios, lo que motiva insatisfacciones y molestias entre los afectados.
En Miami, personas con sus familiares en proceso de reclamación se han movilizado en las redes sociales y en manifestaciones públicas para pedir la reapertura de los servicios en la embajada de La Habana. La más reciente protesta unió a decenas de familiares cubanos frente al Parque del Dominó en la Calle Ocho, el pasado 28 de febrero.
La pandemia del coronavirus y el cierre de fronteras en varios países ha agravado la situación. Más de 100 mil reclamaciones de familias cubanas están pendientes, 78 228 casos en el Centro Nacional de Visas y unos 22 000 beneficiarios del Programa de Reunificación Familiar (CFRP), vigente desde 2007.
"La paralización de los servicios de la embajada en La Habana ha creado una situación difícil, con efectos impopulares para muchas familias a ambos lados, pero no veo una salida inmediata para resolver el problema", dijo a CiberCuba el académico Andy Gómez, Profesor Emérito de la Universidad de Miami y experto en asuntos cubanos.
El analista considera que Washington no procederá a la reapertura de la embajada mientras no haya un compromiso expreso del Gobierno cubano para proteger a los diplomáticos estadounidenses, aunque reconoce que la administración Biden ha marcado una intencionada diferencia con la presidencia de Trump para buscar una salida al tema de los incidentes sónicos.
El gobierno cubano niega tener participación en los extraños incidentes acústicos y considera que no existen evidencias científicas que demuestren la vinculación de ondas electromagnéticas u otro factor a las afectaciones cerebrales y auditivas de los diplomáticos.
En realidad, el "síndrome de La Habana" comporta un filón de alta política en las relaciones bilaterales y el Departamento de Estado ha intensificado sus esfuerzos para investigar las posibles causas de las afectaciones y paliar los efectos sobre el personal diplomático.
Aún sin haber tomado posesión de su cargo como Secretario de Estado, Antony Blinken pidió revisar el tema de los incidentes acústicos y en su primer día completo de trabajo en el Departamento de Estado recibió una actualización sobre la situación de lo ocurrido en Cuba y otros países.
Desde entonces Blinken le ha dado seguimiento sistemático al tema y el pasado 11 de marzo nombró a la embajadora Pamela Spratlen como asesora principal de alto nivel para buscar respuestas a lo sucedido. Spratlen, una veterana en el servicio exterior, estará al frente del Grupo de Respuesta a Incidentes Sanitarios, creado en mayo de 2018 para indagar sobre el “síndrome de La Habana".
"La selección de la embajadora Spratlen nos ayudará a avanzar en la solución de este problema allí donde afecte al personal del Departamento y a sus familias. Ella agilizará nuestros esfuerzos de coordinación con la comunidad de nuestras agencias e instituciones, y reafirmará nuestro compromiso de asegurarnos de que los afectados reciban la atención y el tratamiento que necesitan", dijo Blinken en un comunicado.
La decisión es un primer paso para desbrozar el camino hacia una reanimación de los servicios en la embajada en Cuba. Con Biden se valoró la posibilidad de completar el nombramiento de un embajador en La Habana, pero con las declaraciones más recientes de Blinken y la presencia del senador cubanoamericano Bob Menéndez al frente del Comité de Relaciones del Senado, esta opción parece alejarse y permanecer como una asignatura pendiente desde 2015.
De cualquier manera, la asesora Spratlen será clave para evaluar si la respuesta de sacar a los diplomáticos de La Habana fue una decisión apresurada.
Un informe interno del Departamento de Estado recientemente desclasificado afirma que la reacción inicial de reducir el personal en La Habana fue errática y estuvo plagada de mala gestión, liderazgo deficiente, falta de coordinación e incumplimiento de los procedimientos establecidos.
Spratlen deberá tratar de sincronizar e integrar los esfuerzos entre la CIA, el FBI, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Estado, que el reporte consideró aislados y descoordinados.
Pero cualquiera que sean sus primeras conclusiones, volver a la normalidad en la sede diplomática de La Habana son otras palabras.
Este jueves el Departamento de Estado informó de cuatro plazas de trabajo disponibles en la embajada en Cuba para puestos de personal de apoyo y servicio, no de posiciones diplomáticas. Se trata de plazas para supervisor de custodia residencial, asistente de información (medios de comunicación), asistente de información (webmaster) y especialista en coordinación de recursos, y deberán ser tramitadas a través de la corporación estatal cubana PALCO, como está regulado para este tipo de contrataciones.
Una fuente del Departamento de Estado dijo que este es un procedimiento regular y no significa ningún cambio en los servicios consulares de la embajada.
"Es poco probable una normalización de la embajada en La Habana en los primeros 100 días de la administración de Biden", opinó el profesor Gómez. "Si alguna medida parece más inmediata es la restauración del envío de remesas".
Desde octubre de 2019, la administración Trump limitó el envío de remesas familiares a Cuba a $1000 dólares trimestrales, y el pasado noviembre suspendió las transacciones a través de la financiera estatal FINCIMEX, lo que obligó a cerrar las operaciones de Western Union en la isla.
En su campaña electoral, Biden prometió que entre sus primeras medidas para reformular la política hacia Cuba estarían el envío de remesas y el permiso para los vuelos comerciales a los aeropuertos del interior del país.
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