“Pienso que en ese tumulto (...) puede estar el próximo nombre que se pronuncie en la lista de los fallecidos”, expresó en su cuenta de Facebook el periodista Michel Hernández sobre la crítica situación de las colas cubanas en medio del pico epidemiológico que experimenta la capital a consecuencia del Covid-19.
Hernández, quien por 12 años ejerció el periodismo cultural en las páginas de Granma, explicó que un vecino suyo de apenas 32 años fue una de las vidas que la pandemia cobró en el país. La alarma ante esta noticia no solo gira en torno a la precoz edad del occiso sino también alrededor de su buen estado de salud, a pesar de un leve cuadro epiléptico que padeciera, plantea el periodista.
“Escribo mientras veo unas enormes colas en Nuevo Vedado para eliminar de la libreta de abastecimiento a familiares emigrados o fallecidos. Hay jóvenes, viejos, ancianos, mujeres jóvenes. Todos juntos, casi apiñados, para realizar un trámite en el momento más crítico y peligroso de la pandemia en Cuba”
Sobre la incidencia del coronavirus en la capital y la curva en ascenso de infectados, así como las reacciones entre la población, el desconcierto y la desesperanza que vive la isla, Hernández relata:
“Hoy se reportaron 786 casos en el país. De ellos 344 en La Habana. En la cola las personas solo hablan de cifras, colas y desabastecimiento. Algunos piden su turno para retirar del documento a padres, hijos, esposos. Solo salen números de las gargantas de las personas, números, quejas y noticias de contagios”.
La cola a la que se refiere el periodista se extiende desde las puertas de la Oficina del Registro de Consumidores (Oficoda) en su municipio. La avalancha de personas frente a estas oficinas estatales aparecieron luego de que se corrieran rumores acerca de posibles multas a aquellos ciudadanos que aún contemplasen en su libreta de abastecimiento a familiares emigrados, presos, o fallecidos. Un trámite que, de volverse reales los rumores, debió indicarse desde el pasado año, cuando se comenzó a reordenar económicamente el país. Sin embargo, no se hizo.
Según la Resolución 78/ de 1991 del Ministerio de Comercio Interior (MINCIN), los jefes de núcleos familiares deben dar baja de la libreta de abastecimiento a fallecidos, presos y cubanos con más de 90 días fuera del país, entre otros. Pero no incluye la penalización a los ciudadanos que incumplan con este deber.
Sin embargo, en el mes de diciembre, la titular del MINCIN, Betsy Díaz, habló en la Asamblea Nacional acerca del proceso de informatización que experimentaría el país, lo cual daría lugar a un control más estricto de los consumidores en las Oficodas, y que facilitaría, entre otras cosas, la depuración de la canasta baśica normada.
Tal intervención disparó los rumores sobre las altas multas. Desde entonces, los cubanos han abarrotado las Oficodas de sus localidades, temerosos de cualquier penalización.
“A esa fila se suman otras largas filas en toda la ciudad. Un señor mayor se hace preguntas y las comparte. ¿A quién se le ocurrió que este era el momento de quitar de la libreta a los que se fueron? ¿Por qué obligan ahora a los que se quedaron a realizar a este trámite en estas colas inmensas e evitables, en lugar de posponerlo? Las personas lo miran resignadas y le dan con los hombros la razón”, narra Hernández.
“Una persona estalla. “Prefiero que me multen antes de aparecer en la lista de muertes”, dice una señora de unos 60 años antes de marcharse a su casa. El resto en la cola la ve alejarse con la certeza de que no solo escapa de la cola, sino también de un posible contagio y de un futuro incierto”, concluye el periodista.
No solo en las áreas del capitalino vedado se aglomeran personas frente a la Oficoda. En un video recibido por la redacción de CiberCuba puede verse a varios residentes de la barriada de Miramar exaltados por lo que creen “un mal manejo de los funcionarios” a la hora de atender las demandas de la población.
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