Varios cubanos protestaron en las Oficinas de los Registros de Consumidores (Oficoda) del barrio habanero de Miramar debido a las largas colas y el mal trabajo de los funcionarios para dar de baja de la libreta de abastecimiento a las personas que viven fuera de Cuba, o a los fallecidos.
Un video enviado a CiberCuba muestra a los habaneros exaltados exigiendo a los funcionarios que los atendieran y argumentando que el estado había anunciado que iba a poner multas a los cubanos que mantuvieran en su núcleo familiar personas que ya no tienen derecho a la canasta básica normada.
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Tras la unificación monetaria, ha surgido la duda para muchos ciudadanos sobre si no dar de baja a las personas en estos casos podría implicar multas de 3000 a 5000 pesos.
Según la Resolución 78/ de 1991 del Ministerio de Comercio Interior (Mincin), los jefes de núcleo familiar deben dar de baja de la libreta de abastecimiento a fallecidos, presos y cubanos con más de 90 días fuera del país, entre otros. Pero no incluye la penalización a los ciudadanos que incumplan con este deber.
En el mes de diciembre, la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz, habló en la asamblea nacional sobre un proceso de informatización del país que daría lugar a un control más estricto de los consumidores en las Oficodas, y que facilitaría, entre otras cosas, la depuración de la canasta baśica normada.
Esto disparó los rumores sobre las altas multas, y desde entonces los cubanos han abarrotado las Oficodas de sus localidades temerosos de cualquier penalización.
Según el diario avileño El invasor, las autoridades de las Oficoda en Ciego de Ávila comunicaron que no existían “tales” correctivos”. Odalys Lorenzo Morales, directora de Registro de Consumidores en el municipio cabecera, declaró:
“Tras vencerse el aplazamiento, una comisión de la dirección de Comercio y del Registro de Consumidores dejará una tarjeta citatoria a la persona en su casa y, si en 72 horas no se presenta, se le da de baja de oficio. Hasta el momento no tengo conocimiento de multas, la gente murmura, pero no se nos ha dicho algo de eso”.
Una investigación vía telefónica realizada por El Toque reveló las respuestas de las autoridades de varias provincias sobre el tema y muestra varias contradicciones.
De acuerdo a este medio, en La Habana, Pinar del Río, Villa Clara y Cienfuegos dijeron que no se estaban imponiendo multas, pero que ya se hablaba de que podrían empezar a ponerlas pronto.
En otras localidades como Camagüey, Sancti Spíritus y Ciego de Ávila afirmaron categóricamente que la aplicación de multas no era una orientación del Mincin y que lo anterior “parece un rumor para que las personas acudan a las Oficodas”, dijeron, .
Sin embargo, en Santiago de Cuba y Guantánamo, las autoridades le comunicaron al medio que los “jefes de núcleo que no den de baja a los consumidores que estén fuera del país se les impondrá una multa e incluso se les abrirá un expediente que podría llegar a tribunales”.
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