En otro portazo a las reclamaciones bajo la Ley Helms-Burton en tribunales de Estados Unidos, un juez federal de Texas rechazó una demanda contra la compañía American Airlines por el uso de propiedades confiscadas a sus legítimos dueños en Cuba.
En una decisión de 17 páginas, el juez federal John McBryde dio un rotundo no al reclamo del ciudadano estadounidense Robert M. Glen, quien se amparaba en el Título III de la legislación para pedir compensación a la aerolínea.
El fallo judicial indica que el demandante no pudo demostrar capacidad para llevar a cabo la acción legal, considerando que American Airlines no actuó intencionalmente en el alegado tráfico de propiedades incautadas, ni tampoco estableció una afectación "real o inminente, no conjetural o hipotética".
"Incluso si el demandante tuviera la capacidad de presentar esta demanda, sus reclamaciones serían desestimadas (...) Los hechos alegados por el demandante no muestran que tiene derecho a traer un reclamación en virtud de la Ley", escribió el juez McBryde, en un documento emitido el pasado 3 de agosto.
El Título III de la Ley Helms-Burton, implementado en mayo de 2019, permite a ciudadanos y compañías estadounidenses buscar indemnización de firmas extranjeras o entidades cubanas que usen propiedades confiscadas por el régimen de Fidel Castro.
En el litigio entablado por Glen, de origen cubano, se implicaba a American Airlines por obtener ganancias generadas de reservaciones en hoteles de Varadero que fueron construidos sobre una propiedad confiscada allí a su familia después de 1959.
Glen presentó inicialmente la reclamación en un tribunal federal del sur de Florida, en septiembre de 2019, pero el caso fue trasladado el pasado mayo a Texas, sede de la compañía aérea y domicilio del demandante.
La demanda argumentaba que la aerolínea se favorecía de reservaciones en hoteles construidos en un terreno donde estuvo la mansión familiar de los Glen, entre ellos instalaciones de Iberostar Tainos, Meliá Las Antillas, Blau Varadero y Starfish Varadero.
Pero el juez consideró improcedentes tales argumentos, pues aunque los hoteles se asentaron en tierras confiscadas, "el demandante no pudo ofrecer hechos para demostrar que el acusado actuó intencionalmente".
A la vez, invalidó el reclamo debido a que Glen no presentó su derecho a las propiedades antes del 12 de marzo de 1996, fecha de proclamación de la Ley Helms-Burton.
La decisión del tribunal del distrito norte de Texas es la segunda negativa en menos de un mes que reciben las demandas vinculadas al Título III de la Helms-Burton. A mediados de julio, el juez James Lawrence King emitió un fallo considerado clave para desestimar una demanda del ciudadano Javier García-Bengochea contra la compañía de cruceros Carnival.
Esta jueves, los abogados de García-Bengochea, un neurocirujano residente en Jacksonville, Florida, anunciaron que retarían el dictamen del juez King ante el Tribunal de Apelaciones del Onceno Circuito en Atlanta.
Sin embargo, la decisión en el caso de American Airlines ha motivado a los abogados de Carnival a solicitar a un tribunal de Miami que desestime otra demanda pendiente contra la firma de cruceros, presentada por Michael Behn, integrante de la familia dueña de Havana Docks Corporation. La solicitud de Carnival ante la jueza Beth Bloom fue hecha el pasado 4 de agosto y pide se aplique el mismo razonamiento esgrimido por el tribunal texano.
Desde enero suman seis las demandas asociadas a la Ley Helms-Burton que han sido rechazadas por los tribunales estadounidenses. Ninguna reclamación ha llegado a considerarse para iniciar un juicio de compensación en el año y tres meses que cumple activado el Título III.
Las líneas de cruceros MSC Cruisers y Norwegian Cruise Line Holdings, el gigante de ventas Amazon y las firmas de reservaciones por internet Booking y Expedia han recibido también fallos a su favor.
De las 26 demandas interpuestas por vía de la Ley Helms-Burton, la única que ha tenido respuesta del gobierno cubano ante los tribunales es la entablada por la compañía estadounidense Exxon Mobil contra las firmas estatales CIMEX y CUPEX, aún en fase preliminar en una corte del Distrito de Columbia, en Washington.
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