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La policía cubana frustró un robo en la industria cárnica local de la Isla de la Juventud como parte de “la cruzada gubernamental contra las ilegalidades” en medio de la pandemia del coronavirus.
De acuerdo con la Agencia Cubana de Noticias, el Departamento Técnico Investigativo (DTI) y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) detuvieron a varios implicados en un robo a la empresa estatal cuyo costo económico sobrepasaría los ocho mil pesos cubanos.
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Primero fue detenido un hombre ajeno a la empresa cuando trasladaba 48 kilogramos de carne de cerdo deshuesada en dos tanquetas plásticas grandes.
El subteniente Leonardo Gordo Rosales, jefe de investigación de la PNR, precisó que el encausado afirmó que un trabajador del cárnico le suministraba la mercancía a través de la cerca que protege la parte trasera de la instalación.
Después el producto iba a manos de un receptador, que pagaba 100 pesos cubanos por cada traspaso.
También fue puesto a disposición de las autoridades un custodio y un receptador, vecino de la industria cárnica, en cuya casa encontraron sobres de nylon con carne listos para la venta.
Estos hechos ocurren cuando la carne de cerdo escasea en el mercado y la demanda crece producto de la crisis alimentaria que atraviesan los cubanos durante la emergencia por el COVID-19.
Los productos cárnicos se han sobrevalorado en los últimos tiempos a raíz de la escasez, al punto de costar hasta 80 pesos por libra de carne de puerco (unos 3.25 USD) en el mercado negro.
El Gobierno cubano, por su parte, ha difundido a través de sus medios oficiales varias acciones que han frustrado -presuntamente- robos y desvío de recursos en las empresas estatales.
Esta es una antigua estrategia que, narrada con tintes policíacos, suele elevar la popularidad del régimen entre la población del país, aquejada por una prologada falta de alimentos, ahora mucho más problemática en el contexto de la situación epidemiológica nacional provocada por el coronavirus.
Casi todos los días la televisión nacional da reportes de estos hechos. Por ejemplo, en abril pasado se informó que las autoridades habían decomisado a vendedores en La Habana productos que fueron destinados a alimentar a las personas que permanecen en los centros de aislamiento por el coronavirus.
Un reportaje publicado en el Noticiero Nacional mostró el momento en que las autoridades llegan a decomisar los productos agrícolas a un vendedor.
A la semana siguiente fue publicado un operativo policial ejecutado en la provincia de Las Tunas, que resultó en arrestos y decomisos de mercancías.
Los presuntos autores principales de los hechos fueron el chofer de un camión de productos lácteos del municipio tunero de Puerto Padre, y su ayudante, quienes usaron el medio de transporte estatal para descargar ilegalmente mercancía de tipo agropecuaria como plátanos en un domicilio particular en el centro de la ciudad cabecera.
Días después, otro reportaje refirió la confiscación de más de 70 libras de tomates y otros alimentos a un vendedor en Cienfuegos. En este caso el hombre tenía en su poder 60 coles, 100 frutabombas, 20 libras de frijoles, 50 de arroz e igual cantidad de cebolla, 90 de boniato, 30 de ají cachucha, 25 de guayaba y más de 90 de pepino.
También cargaba con 14 pomos de jugo de limón, un porrón de cinco litros de ron, más de 50 cajas plásticas, 100 jabas de nylon, 2 cuchillos y 2 pesas, una de ellas de las que destina el Ministerio de Salud Pública para pesar a los bebés en las consultas.
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