Distintas organizaciones como Amnistía Internacional, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) y Artículo 19, envían una carta abierta al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, en la que le piden garantizar la libertad de prensa y proteger a periodistas independientes en la isla.
En el contexto del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se celebra este domingo, la misiva responde a preocupaciones de dichos organismos sobre el creciente hostigamiento a reporteros independientes que, por estos días, han sido multados e intimidados por las autoridades por solo ejercer su labor de informar.
“En tiempos de COVID-19, se vuelve aún más vital garantizar la libertad de prensa y el acceso a información veraz y oportuna”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“Es vergonzoso cómo la censura de periodistas independientes en Cuba, que hemos documentado por décadas, pareciera agravarse en las últimas semanas, con denuncias de periodistas independientes multadas por informar sobre la pandemia de COVID-19 y su impacto en el país”, explicó.
“Ninguna persona periodista debería tener que decidir entre el silencio o la cárcel. Demandamos al gobierno de Díaz Canel que se toman medidas inmediatas para garantizar la libertad de prensa”, añadió.
La carta también exige la liberación inmediata e incondicional de Roberto Quiñones Haces, de 63 años, abogado y autor del medio CubaNet, preso desde septiembre de 2019 por un presunto delito común mientras cubría el proceso judicial contra un matrimonio de pastores acusados de violar regulaciones sobre el sistema educacional cubano.
“La amenaza de encarcelamiento y la imposición de multas han funcionado como una herramienta disuasiva e inhibitoria para el gremio de periodistas independientes en la isla. En este sentido, el encarcelamiento del periodista Roberto Quiñones desde septiembre de 2019, se ha convertido en una clara advertencia para todas las personas periodistas y comunicadoras críticas, aun cuando ha habido una amplia manifestación a favor de su liberación”, dijo Ana Cristina Ruelas, directora regional de la Oficina de Artículo 19 para México y Centroamérica.
“Sin duda, esta demanda hoy cobra más vigencia que nunca, al existir un riesgo real de contagio por el coronavirus, particularmente para las personas adultas mayores y aún más, las que se encuentran recluidas en cárceles como la Prisión Provincial de Guantánamo, que, de acuerdo con el testimonio del propio periodista, se encuentra en condiciones inhumanas”, agregó.
“El periodismo no debe conllevar una sentencia de muerte, ni ahora, ni nunca”, dijo Natalie Southwick, Coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del Comité para la Protección de Periodistas, refiriéndose particularmente al caso de Quiñones.
Cuba sigue siendo el único país de las Américas al que Amnistía Internacional y otros mecanismos de monitoreo de Derechos Humanos no tienen acceso.
A finales de abril, la organización Reporteros sin Fronteras (RSF) ubicó a la isla como el país con menos libertad de expresión de América Latina, destacando que las mujeres periodistas son las principales víctimas de los regímenes autoritarios.
“El régimen cubano, ahora dirigido por Miguel Díaz-Canel, sigue monopolizando casi toda la información y la Constitución aún prohíbe que exista prensa privada en el país”, afirma RSF.
El archipiélago aparece con peores resultados que naciones de fuerte control como Egipto, Yemen, Azerbaiyán, Bahréin y Arabia Saudí. Los países en peor estado que la isla, según la organización, son Laos, Irán, Siria, Vietnam y Yibuti.
Anteriormente, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció que el régimen cubano mantiene en total impunidad los ataques a la libertad de prensa, gracias al control que ejerce sobre el sistema judicial.
“El gobierno tiene el monopolio de la información y restringe las telecomunicaciones y el acceso a internet. Continúa encarcelando, persiguiendo y amedrentando a los periodistas y sus familiares…”, detalló la SIP en un informe.
De igual modo, menciona los ejemplos de los reporteros Vladimir Turró, Yoe Suárez, Camila Acosta, Frank Correa, Abu Duyanah Tamayo e Iliana Hernández, quienes han recibido actas de advertencia por parte de la policía por desarrollar su labor. Algunos han recibido multas de 3000 pesos cubanos, basadas en el Decreto Ley 370, que castiga a quien atenta contra la “moral” y las “buenas costumbres” de la sociedad cubana, términos realmente vagos que, en la práctica, regulan la libertad de expresión de todos los ciudadanos.
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