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La empresa francesa Pernod Ricard y la cadena hotelera española Iberostar fueron demandadas en tribunales norteamericanos bajo el amparo de la Ley Helms-Burton por operar con bienes nacionalizados por la Revolución cubana, según informaron diversos medios esta semana.
Pernod Ricard, número dos en bebidas alcohólicas a nivel mundial, opera desde hace más de dos décadas una empresa mixta con Cuba Ron S.A., destinada a la producción del famoso ron cubano Havana Club.
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La demanda contra la compañía francesa fue interpuesta por Marlene Cueto Iglesias y Mariam Iglesias Álvarez, familiares del fundador de Coñac Cueto, una empresa confiscada en 1963 por el gobierno cubano e integrada a la línea de bebidas Havana Club, según las demandantes.
La demanda contra la cadena Iberostar, que opera una veintena de hoteles en la isla, la presentó un descendiente del propietario de un edificio en Santiago de Cuba, confiscado en 1961 por el gobierno, y donde ahora hay hotel del grupo español. Sólo en Santiago, Iberostar tiene tres instalaciones hoteleras de diferentes categorías.
La empresa española, que enfrenta varias demandas en tribunales de Estados Unidos por sus actividades en Cuba, ha anunciado públicamente que seguirá con sus planes de expansión en la isla.
En Cuba existen un total de 270 empresas españolas, y las hoteleras son las que tienen una mayor presencia. Cuba es una prioridad para las hoteleras ibéricas, gracias al llamado a la inversión extranjera que realiza La Habana y a la mejora de las relaciones políticas entre ambos países.
El Consejo Económico y Comercial EEUU-Cuba ha identificado hasta ahora un total de 23 quejas legales presentadas en los últimos meses, al amparo del Título III de la ley estadounidense Helms-Burton, promulgada en 1996.
Algunas de estas demandas ya han sido desestimadas en los tribunales estadounidenses por diversos motivos.
El Título III de la Ley Helms-Burton, cuya aplicación había sido suspendida por anteriores gobiernos estadounidenses, entró en vigor en mayo bajo la administración de Donald Trump.
Esa norma permite enjuiciar en tribunales estadounidenses a cualquier persona o empresa que haga negocios con bienes nacionalizados tras la Revolución de 1959.
El gobierno español ya aseguró el año pasado que "respaldará absolutamente" a sus empresas en Cuba y protestará ante la Unión Europea por lo que considera el "carácter extraterritorial" de la Helms-Burton, lo cual es también la posición del gobierno cubano.
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