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El coordinador en La Habana de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), Zaqueo Báez Guerrero, y el activista de esa misma organización Yosvani Manuel Martínez Lemus fueron detenidos este martes por la Policía política mientras repartían cloro y nasobucos en La Habana para enfrentar el coronavirus.
"En estos momentos acaba de ser detenido el coordinador nacional de UNPACU en LA HABANA Zaqueo Báez Guerrero en su vivienda, por solamente hacer gesto de solidaridad con activistas y vecinos repartiendo hipoclorito y nasobuco para protegerse de la pandemia COVID-19 que azota a la humanidad", publicó la organización opositora en Facebook.
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Zaqueo fue detenido en la casa de su esposa, y pasadas 3 horas publicó en su perfil de Facebook que había sido liberado luego de que la policía lo llevara a la unidad de la PNR de Calabazar y lo paseara en un carro patrulla por el patio de la unidad policial.
"Solo por estar entregando Nasobucos a nuestros activistas de #UNPACU , los activistas están viniendo a la sede de forma individual y aún así #Detuvieron a Yosvani Martinez Lemus y en mi caso fueron a buscarme en la vivienda de mi esposa", afirmó.
Yosvani Manuel Martínez Lemus fue detenido cuando se dirigía a la sede de UNPACU en Calabazar para entregar también nasobucos y cloro a vecinos y activistas.
"Fue llevado en una patrulla según los #Represores del DSE cerca de su vivienda", denunció la organización.
"Dejemos a un lado las diferencias de ideas, y seamos capaces de enfrentar el CORONAVIRUS con amor y verdad", dice otro mensaje de UNPACU, donde informó que su sede en el municipio de Calabazar, en la capital cubana, permanece sitiada.
El líder de esa organización fundada en Santiago de Cuba, José Daniel Ferrer, permanece en las instalaciones carcelarias cubanas desde octubre del pasado año, y en febrero fue sometido a un polémico juicio a puertas cerradas.
A inicios de marzo, una coalición de la iniciativa opositora Cuba Decide presentó un informe detallado sobre el caso del preso político ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, que sesionó en Haití.
Allí se habló del juicio político a puertas cerradas que realizó el régimen cubano contra Ferrer, donde la Fiscalía reiteró su petición de nueve años de prisión para el acusado, por supuestamente haber cometido delitos de lesiones y privación de la libertad a Sergio García González.
El presunto agredido dijo haber sido atacado de forma violenta y golpeado con un palo en la cabeza, aunque los médicos no certificaron ninguna lesión grave.
Junto a Ferrer fueron enjuiciados Fernando González, Roilán Zárraga y José Pupo, miembros de la misma organización, quienes se enfrentan a penas de ocho años de cárcel, los dos primeros, y siete años, el tercero.
Los activistas de UNPACU, tanto en Santiago de Cuba como en La Habana, son detenidos con frecuencia por el régimen cubano y sus casas son sitiadas por la policía con regularidad para impedirles la libertad de movimiento.
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