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La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba celebrará dos sesiones extraordinarias en 2020, específicamente en los meses de abril y octubre, para poder hacer frente a la agenda legislativa inusualmente ardua de este año, en el que deben aprobar catorce leyes.
En 2020 los diputados cubanos no solo crearán nuevas disposiciones, sino que modificarán algunas de las vigentes. Entre ellas se destacan las Leyes de Procedimiento Penal y la General de la Vivienda, que deben sufrir cambios sustanciales, así como una Ley de Salud Pública que se anunció para finales de año.
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Acerca de esta última, ya se estableció en la Constitución aprobada en febrero de 2018 que el gobierno comenzará a cobrar algunos servicios médicos, concretamente los que vienen de una voluntad personal, como los cambios estéticos.
Mientras, otros proyectos que constituyen verdaderos reclamos de la sociedad civil tendrán que seguir esperando. El pasado 10 de enero, cuatro miembros de la Plataforma de Apoyo a las Víctimas de Violencia de Género 'Yo sí te creo', que en noviembre entregaron a la Asamblea Nacional una propuesta de ley sobre la violencia machista, fueron informadas oficialmente de que el gobierno no incluiría dicho tema en el actual cronograma legislativo, aunque el tema se someterá a revisión continua.
Tampoco se ve en el horizonte la discusión de una Ley de Protección Animal, pese a que ya se dijo que está en proceso de consulta.
Según recordó el portal oficialista Cubadebate, el pasado 21 de diciembre el Parlamento aprobó el cronograma para para la actual legislatura –que concluirá en abril de 2023–, el cual abarcará la elaboración de 70 nuevas disposiciones: 39 leyes y 31 decretos leyes.
En 2021 se actualizarán el Código Penal y el de Familia, y se dictará una Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Del primero de ellos ya han trascendido detalles, como la incorporación de delitos relacionados con el uso del ciberespacio.
En cuanto al nuevo Código de Familia, este debe “incluir la diversidad de instituciones familiares y problemáticas del escenario social”, según ha anunciado la prensa oficialista. El nuevo texto debe zanjar de manera definitiva el tema de las uniones entre personas de un mismo sexo, tras la realización de un referendo en el que la población dé su criterio.
En una próxima etapa, que se extiende desde ese año hasta 2028, deberán valorar otras 24 normativas. Con ello da respuesta a lo ordenado por el gobernante Miguel Díaz-Canel, quien aseguró que durante su administración se dictarían la mayor cantidad de normas jurídicas posibles en el más corto periodo de tiempo.
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