El gobierno de Cuba incumplió el plazo otorgado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) para explicar la situación de sus misiones médicas en el extranjero, luego de que varias denuncias indicaron que los médicos de la isla se encuentran bajo “una forma contemporánea de esclavitud”.
El pasado 6 de noviembre dos relatoras de la ONU, Urmila Bhoola y Maria Grazia Giammarinaro, enviaron una carta y dieron un plazo de 60 días a La Habana para aclarar una denuncia presentada en mayo pasado por la organización Cuban Prisoners Defenders, con pruebas y 110 testimonios de médicos cubanos sobre abusos y condiciones de trabajo forzoso en dichas misiones.
“Quisiéramos señalar a la atención urgente del Gobierno de Su Excelencia la información que hemos recibido en relación con presuntos abusos de derechos humanos sufridos por médicos de Cuba que participan en “misiones de internacionalización”, subrayó la ONU en la misiva, que pone el dedo sobre uno de los puntos más sensibles para la política cubana, que ha consolidado su prestigio internacional a cuenta de las colaboraciones médicas y educativas con otros países.
Sin embargo, el plazo se ha vencido y La Habana no se ha pronunciado sobre los cuestionamientos del organismo internacional, que señalan los manejos gubernamentales sobre el sector salud y la exportación de servicios médicos, los cuales constituyen la principal fuente de ingresos del país.
No es la primera vez que se juzga la situación real de las misiones médicas cubanas en otros países. Una investigación realizada por Diario de Cuba demostró en 2018 la implicación de organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el esquema de explotación de los profesionales cubanos en Brasil.
Esta vez, Bhoola y Giammarinaro mencionaron en su misiva que muchos médicos “estarían expuestos a condiciones de trabajo y de vida explotadoras”, “pagos salariales inadecuados” y “sometidos a presiones y a seguimientos" por parte de funcionarios cubanos. Asimismo, que los médicos no reciben un contrato de trabajo en los países de destino; y que el Gobierno de Cuba se queda con entre el 75 y el 90% de sus sueldos mensuales.
Otras acusaciones condenan el congelamiento de una parte del salario restante al que los galenos solo podrán acceder cuando regresen a la Isla, el exceso de horas de trabajo y la restringida libertad de movimientos.
“Si un profesional decide retirarse del trabajo en el exterior, se califica como abandono de misión de trabajadores civiles bajo del Código Penal de Cuba, que en su artículo 135 (1) estipula (…) sanción de privación de libertad de tres a ocho años”, denunciaron las relatoras, quienes explicaron que esas mismas sanciones son aplicadas a profesionales que, después de cumplir una misión en el extranjero, deciden establecerse en otro país.
“Los médicos considerados desertores no están autorizados a regresar a Cuba durante ocho años y los familiares que permanecen en Cuba estarían sujetos a señalamientos y repercusiones por parte de entidades gubernamentales”, dijeron.
Por último, Bhoola y Giammarinaro mencionaron que "muchos profesionales reportaron recibir amenazas regulares por parte de funcionarios estatales de Cuba en los países de destino, y mujeres médicas han sufrido acoso sexual mientras se encontraban participando en misiones".
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