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El Gobierno de México ha anunciado que protegerá a las empresas mexicanas que tengan intereses en Cuba, y que sean demandadas por Estados Unidos como consecuencia de la reciente entrada en vigor del título III de la Ley Helms-Burton.
"El Gobierno de México reitera su rechazo a la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton y refrenda su compromiso de proteger jurídicamente a las empresas mexicanas que pudieran verse afectadas", señaló la Cancillería mexicana en un comunicado.
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La Secretaría de Relaciones Exteriores afirmó que "México analiza las instancias legales correspondientes para interponer las acciones por las violaciones al derecho internacional que la Ley Helms-Burton representa", y añadió que su objetivo es "proteger los intereses mexicanos en el exterior".
Para contrarrestar los efectos de la nueva norma estadounidense, México cuenta con la Ley que Protege el Comercio y la Inversión de Normas Extranjeras que Contravengan el Derecho Internacional, vigente desde 1996.
Esa legislación obliga a los tribunales mexicanos a negar la ejecución de sentencias o de requerimientos judiciales emitidos por tribunales norteamericanos con base en la Ley Helms-Burton.
Además, permite que las personas afectadas por la Helms-Burton puedan demandar ante tribunales mexicanos a aquellos que los demandaron en cortes estadounidenses, y pedir reparaciones por daños y perjuicios.
La Ley Helms Burton, firmada en 1996, permaneció en suspenso durante 23 años y fue reactivada el pasado jueves 2 de mayo por decisión del presidente Donald Trump. La ley permite demandar a firmas extranjeras relacionadas con propiedades estadounidenses confiscadas en la Isla con posterioridad a 1959.
En un comunicado difundido el pasado 18 de abril, la Cancillería mexicana ya declaraba su rechazo "a la aplicación de leyes comerciales unilaterales con carácter extraterritorial, pues violan las normas del derecho internacional".
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