Miguel Díaz-Canel ha hablado de la entrega de subsidios a aquellos que reciben ayuda financiera para solucionar problemas de la vivienda.
En un reciente encuentro con los diputados de la Asamblea Nacional, el mandatario mencionó las obligaciones del Estado a la vez que se refirió a quienes hacen un 'uso indebido' de los materiales de la construcción y recursos que reciben.
“El subsidiado tiene que ser leal con lo que estamos haciendo -afirmó Díaz-Canel-. Te estamos ayudando, concho, no te prestes tú también para el delito. Que los materiales que te estamos dando no [sean para] resolver tu problema y tomártelo en ron” dijo en este sentido.
Con esta idea el gobernante cubano deja claro que destinar estos recursos a otro fin es un acto de deslealtad a su gobierno, en lugar de considerarlo una violacion que requeriría aplicación de la ley, en el caso de que se demostrara incumplimiento del contrato entre las partes implicadas.
En otro momento Díaz-Canel se refirió a la confianza que debe existir entre los subsidiados y las instituciones involucradas en el proceso. Para ello pidió a los ciudadanos que notificaran las irregularidades detectadas. “Tienen que darse cuenta si le están corriendo por tercera, o no. Y decírnoslo. Tenemos que haber creado ese ambiente de confianza”.
Sin embargo, el panorama detectado por las fiscalizaciones realizadas a las tiendas de materiales de la construcción, que abarcó 297 instalaciones de ese tipo (el 88% de las existentes en el país) y a 24 mil 688 viviendas, no ofrece un entorno favorable para el consumidor.
Según cifras oficiales, 139 mil familias son atendidas por este programa estatal en los 169 municipios del país. Pero desde hace dos años hay mil 307 millones de pesos sin ejecutar en manos de los subsidiados, dadas las carencias de materiales en las tiendas estatales destinas a este fin.
La presidenta del grupo de Atención a los Servicios, María del Carmen Concepción, declaró al grupo parlamentario que dentro de los diferentes problemas que desencadenan esta situación se hallan el exceso de burocracia en los procedimientos, deterioro en los materiales de la construcción y falta de abastecimiento en las tiendas.
Se suman a estas ineficiencias “violaciones de proyectos, inmovilidad de cuentas en los bancos, y manifestaciones de maltrato y mala orientación a las personas”.
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