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El reciente informe preliminar emitido por un panel de expertos de las Naciones Unidas (ONU) puso en duda la legitimidad del proceso electoral en Venezuela y el resultado que proclamó como vencedor a Nicolás Maduro.
El documento, que inicialmente iba a ser confidencial, ha generado un terremoto político al denunciar irregularidades sin precedentes en el marco de una elección que, según el panel, carece de los estándares básicos de transparencia y credibilidad.
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El informe del panel de la ONU señala que "el anuncio del resultado de una elección sin la publicación de sus detalles o la divulgación de resultados tabulados a los candidatos no tiene precedente en elecciones democráticas contemporáneas".
Este contundente pronunciamiento supone un varapalo diplomático monumental del chavismo ante la comunidad internacional y, según El Mundo, pone de relieve la falta de transparencia en la gestión de los resultados por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela.
La elección, que terminó con la proclamación de Maduro como presidente electo, se ha visto envuelta en un escándalo debido a que, según actas electorales conocidas hasta ahora, el opositor Edmundo González Urrutia habría obtenido cuatro millones de votos más que Maduro.
Este dato fue verificado y certificado por el Centro Carter, que, al igual que la ONU, estaba presente en el proceso electoral como uno de los pocos observadores internacionales independientes.
Un informe devastador
La misión de observación electoral de la ONU fue invitada a Venezuela por el propio CNE, como parte de los Acuerdos de Barbados, un pacto entre el gobierno y la oposición con el respaldo de la comunidad internacional.
Sin embargo, la ONU señaló que, a pesar de su presencia, el proceso estuvo marcado por una serie de irregularidades y falta de transparencia que socavan la legitimidad del resultado.
El informe destaca que "el CNE no publicó, y aún no ha publicado, ningún resultado, o resultados desglosados por mesa de votación, para respaldar sus anuncios orales, según se contempla en el marco legal electoral".
Además, los expertos de la ONU criticaron la cancelación de tres auditorías post-electorales clave, que podrían haber esclarecido si hubo algún tipo de interferencia externa o hackeo en el sistema de transmisión de datos.
Respuesta del régimen de Nicolás Maduro
Frente a estas acusaciones, el régimen de Maduro respondió enérgicamente, acusando al panel de la ONU de difundir mentiras y violar los términos de referencia suscritos con el CNE.
En un comunicado oficial, el gobierno venezolano expresó que las conclusiones preliminares del informe son "un acto de propaganda que sirve a los intereses golpistas de la ultraderecha venezolana". Según EFE, las autoridades del régimen denunciaron que el panel tuvo contactos directos con funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos, lo que pondría en duda la imparcialidad del informe.
El comunicado también asegura que el panel de expertos tuvo acceso a todas las fases del proceso electoral, y defiende que la elección de Maduro como presidente es legítima y refleja la voluntad soberana del pueblo venezolano.
El impacto en la comunidad internacional
El informe preliminar de la ONU ha provocado una reacción en cadena dentro de la comunidad internacional, donde ya se están cuestionando las futuras relaciones con el gobierno de Maduro.
La publicación del documento marca un antes y un después en la percepción internacional sobre el régimen venezolano, que ahora enfrenta una mayor presión para justificar la legitimidad de su mandato.
Por su parte, la oposición venezolana encontró un respaldo a sus denuncias de fraude e insistió a la comunidad internacional su petición de no reconocer los resultados de las elecciones.
Mientras, la situación en Venezuela sigue siendo tensa, con un país polarizado y una comunidad internacional cada vez más crítica del gobierno de Maduro.
Conclusiones finales del informe
Las conclusiones finales del panel de expertos de la ONU aún están por publicarse, y se espera que estas ofrezcan una evaluación aún más detallada de las irregularidades ocurridas durante el proceso electoral.
Sin embargo, lo que ya es evidente es que este informe preliminar ha socavado significativamente la credibilidad del proceso electoral venezolano y ha puesto al gobierno de Maduro en una posición difícil ante la comunidad internacional.
El futuro político de Venezuela está más incierto que nunca, y la presión tanto interna como externa sobre el gobierno venezolano sigue en aumento. Las próximas semanas serán cruciales para determinar si el país logra encontrar una salida a esta crisis electoral o si se adentra aún más en un conflicto político que amenaza con prolongarse indefinidamente.
Naciones Unidas exige el cese de la represión e investigaciones exhaustivas tras las elecciones
Tras las controvertidas elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, el país se ha visto inmerso en una ola de represión por parte del régimen chavista, que ha generado preocupación a nivel internacional.
La Misión internacional independiente de determinación de hechos sobre Venezuela, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, solicitó al gobierno venezolano que detenga de inmediato esta represión y que investigue a fondo las violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo.
Desde la celebración de las elecciones, se han registrado al menos 23 muertes, la mayoría de ellas por disparos, en el contexto de las protestas que han sacudido al país. La Misión expresó que estas muertes deben ser investigadas y que, si se confirma el uso abusivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, los responsables deben rendir cuentas.
Además, la Misión documentó la detención de al menos 1260 personas, incluyendo 160 mujeres, aunque el Fiscal General de Venezuela eleva la cifra a 2200 detenidos, muchos de los cuales han sido calificados indiscriminadamente como "terroristas".
Entre los detenidos se encuentran líderes políticos, periodistas y defensores de derechos humanos, así como un alarmante número de más de 100 menores de edad, quienes han sido imputados por los mismos delitos graves que los adultos.
Las detenciones han estado marcadas por violaciones al debido proceso, incluyendo audiencias telemáticas sumarias y la imputación de graves cargos sin pruebas suficientes.
La Misión exigió la liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente y subrayó la necesidad de respetar las normas internacionales sobre el debido proceso y las condiciones de detención, especialmente en el caso de los menores de edad.
La Misión continuará investigando y documentando las violaciones de derechos humanos en Venezuela, mientras urge al gobierno a cesar la represión y garantizar la justicia para las víctimas.
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