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Un cubano identificado como Carlos Alejandro Batista Valdés fue arrestado en Namibia junto a otras 13 personas acusado de una serie de delitos graves, entre ellos trata de personas y fraude por valor de 8,8 millones de dólares namibios.
Además del cubano, fueron detenidos diez ciudadanos chinos, un namibio, un angoleño y un ugandés.
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El grupo, en su totalidad, fue acusado de retener ilegalmente a casi 100 jóvenes namibios contra su voluntad y explotarlos como "promotores de internet" en un plan destinado a defraudar a inversores, en su mayoría estadounidenses, según reseña la prensa namibia.
Se enfrentan a multitud de cargos, entre ellos trata de personas, fraude, lavado de dinero, extorsión y violaciones de inmigración.
Los cargos contra los 14 acusados, que supuestamente habían operado una estafa internacional de inversión en criptomonedas en la que se empleaba a namibios, incluyen: 98 cargos de trata de personas; 98 cargos de uso de los servicios de víctimas de trata; un cargo de fraude que involucra una cantidad de 465,405 dólares estadounidenses (alrededor de 9 millones de dólares namibios); así como cargos de lavado de dinero, extorsión y falta de pago de impuestos.
Además, se alega que utilizaron amenazas contra las familias de aproximadamente 50 estudiantes namibios que fueron obligados a participar en sus actividades ilegales.
La explotación supuestamente tuvo lugar dentro de los límites del edificio de oficinas Shapumba Towers, en horario nocturno.
Tras las detenciones, se recuperaron 163 ordenadores, 350 teléfonos móviles, seis vehículos, 12 armas de fuego, municiones y dinero en efectivo por valor de 19,500 dólares namibios.
Según la policía, los estudiantes no serán acusados pero testificarán contra los acusados.
El caso, que ha planteado dudas sobre la legalidad de los arrestos, ha sido impugnado con vehemencia por el reconocido abogado local Sisa Namandje.
El argumento de Namandje gira en torno a la cronología de las detenciones. Si bien la policía afirma que los sospechosos no fueron arrestados formalmente hasta el 4 de octubre, la defensa afirma que ya estaban bajo custodia el 3 de octubre, excediendo así el límite legal de 48 horas para la detención sin comparecencia ante el tribunal.
Esa discrepancia ha generado una acalorada batalla legal que ha ido posponiendo el juicio de los acusados cada vez que han llegado a la corte.
Namandje cuestionó además el uso por parte del estado del término “contenido” en lugar de “arrestado” para describir el estado de los sospechosos el 3 de octubre.
Destacó que el concepto de contención es extraño y que los acusados fueron efectivamente privados de su libertad incluso antes de que se produjeran los arrestos formales.
Sostuvo que las declaraciones contradictorias de la policía y los intentos de alterar los hechos relacionados con la detención son inaceptables.
Las complejidades jurídicas y las controversias del caso han llevado a su aplazamiento hasta el 1 de noviembre de 2023, cuando se espera una sentencia.
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