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La justicia uruguaya citó a 92 personas al juicio que amenaza con desalojar a 60 familias fundadoras de la comunidad conocida como “el barrio de los cubanos” en Uruguay.
El asentamiento, constituido por casas de madera y algunas de bloque, se levantó por iniciativa de migrantes cubanos en un terreno propiedad de un centenar de personas que pagaron a una empresa para constituir dos cooperativas destinadas a la construcción de viviendas en la urbanización Ciudad de la Costa, próxima a Montevideo, la capital uruguaya.
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“Yo todavía no había cumplido 30 años y desconocía todo, pero tenía ganas de tener mi propia vivienda. Fue eso lo que me atrapó y lo mismo les pasó a los otros dueños”, relató a El País, Paula Bia, una de las afectadas por el asentamiento de los cubanos, que se enfrentan ahora a una posible orden de desalojo.
Oriundos de todas las provincias de la isla, los cubanos fueron llegando a esa localidad siguiendo los pasos de Silvia y su esposo hace cinco años, quienes fueron los primeros en asentarse y comenzaron a pasar la voz, además de ayudar a construir una casa al lado de la otra hasta conformar lo que hoy se conoce como “el barrio de los cubanos”.
Ciudad de la Costa es una ciudad del departamento de Canelones, en el municipio homónimo. Fue declarada ciudad el 19 de octubre de 1994, dándosele además su denominación actual. Su rápido crecimiento poblacional la ha colocado como la segunda más poblada del Uruguay a partir de 2011.
Los cubanos se han asentado en la localidad de San José de Carrasco Norte, en una zona periférica de Ciudad de la Costa, a 26 kilómetros de Montevideo, la capital uruguaya. Ahora temen por su futuro en medio de un trasfondo legal complejo.
“Ellos (los propietarios) nunca reclamaron nada y dejaron que algunos pocos estén ahí por años. Cuando vinimos no había nada y acá nos dijeron que el dueño había fallecido. Ni cartel de propiedad privada ni alambre”, defendió Natalia Coitinho, una vecina uruguaya que reside en la parcela conocida por la ocupación de los inmigrantes cubanos, en la que también viven unas pocos compatriotas suyos.
Según Natalia, la parcela que ahora se litiga “parecía tierra de nadie”. Consideró que la reclamación que enfrentan ahora los habitantes, en su gran mayoría inmigrantes cubanos, es “oportunista”.
“Venimos familias trabajadoras a poblarlo y ahora quieren dinero. A mí me parece un oportunismo de sacarnos plata porque no hicieron nada ni lo cuidaron nunca”, sostiene la vecina uruguaya del atípico “barrio”.
Invitando a café, la cubana Dallamí le comentó al citado medio que vive con una “incertidumbre constante” por la posibilidad de que la desalojen de la casa que hizo “con tanto sacrificio” y en donde guarda “un pedacito de Cuba”.
Su vecino, José Miguel, señaló que viven siete personas en su casa, en la que está por empezar una obra en la parte trasera para que su hija deje de dormir en la sala. Entre los cubanos asentados allí, son muchos los que todavía tienen familia en Cuba, a la que desean traer, pero prácticamente no hay lugar para seguir construyendo en el terreno de una hectárea y media.
En la primera vista judicial los propietarios del terreno manifestaron no tener interés en desalojar a las personas que viven en el “barrio de los cubanos”. Su interés es vender la parcela. En una segunda vista, los habitantes del predio aseguraron tener interés en comprarlo, pero aseguraron no tener los 350.000 dólares que pide la otra parte.
“Le pedimos tiempo al juez para regularizar todo, crear esta asociación [Getsemaní] y que el Estado nos ayude o nos dé un préstamo de algún tipo. No queremos que nos regalen nada, pero sí poder pagarles a ellos y luego nosotros con tiempo devolver todo al ente que nos ayude. Necesitamos que aparezca ese tipo de organismo que no tenemos claro cuál es ni dónde está”, indicó Natalia.
El proceso, iniciado por Bia, agrupa a un centenar de personas afectadas por el proceder poco transparente de la empresa que vendió los terrenos. La crisis del Banco Hipotecario, que dejó de dar préstamos en 2001 y una “espiral de situaciones adversas” llevaron a los dueños de la parcela a un callejón sin salida del que buscan ahora cómo escapar sin dañar la dignidad de las personas allí asentadas.
“Tienen más derecho que yo sobre algo que es mío”, aseguró la mujer, reconociendo que siente un “gusto muy amargo” por lo que está ocurriendo en el predio que le pertenece.
“No queremos que nadie se tenga que ir a dormir debajo de un puente porque nosotros entendemos la situación de esas familias y no queremos ser antiinmigrantes. Igualmente está esa sensación fea y al final de cuentas lo que parece es que el que se mete tiene más derecho que uno”, explicó.
En cualquier caso, el conocido como “barrio de los cubanos” sigue consolidándose poco a poco con la colocación de nuevos servicios. El juicio por desalojo continúa y las dos partes tienen interés en que se venda cuanto antes, pero no se ponen de acuerdo.
Según El País, “si la situación para los propietarios ya era compleja cuando no lograron construir la cooperativa, ahora el escenario parece aún peor”.
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