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Gobierno cubano endureció las herramientas legales para el desalojo de las personas que ocupen viviendas o propiedades estatales ilegalmente, fenómeno que se ha incrementado en medio de la crisis de la vivienda en la isla y del éxodo migratorio.
El Tribunal Supremo Popular publicó en la Gaceta Oficial el Dictamen 471 de 2023, que contiene las "Indicaciones de cómo proceder en el supuesto del delito de Usurpación del Artículo 421 del Código Penal".
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Explica que este delito se considera cuando se comprueba la "ilegítima ocupación o apoderamiento de un bien inmueble de ajena pertenencia; lo que debe comprobarse en el correspondiente proceso penal", y contempla también si "el acto se ejecuta empleando fuerza en las cosas, violencia o intimidación en las personas, es consecuencia de la violencia de género o familiar, o por motivo discriminatorio de cualquier tipo", lo cual configuraría la modalidad agravada de este ilícito.
Agrega que si bien antes del nuevo Código Penal no se podía acudir a la vía penal, ahora el afectado deberá notificar a la "Policía Nacional Revolucionaria para que, de conjunto con los órganos de la administración responsabilizados con el sistema de la vivienda, el ordenamiento territorial y urbano, los órganos de prevención de la comunidad y los consejos de la Administración municipales, a través del intendente, adopten medidas dirigidas a restablecer con prontitud la legalidad quebrantada".
Después la autoridad actuante, asistida por la PNR y los órganos administrativos, de prevención y los demás mencionados, "adoptarán medidas con racionalidad y proporcionalidad con las personas que no sean considerados autores y sean arrastrados por el comisor del hecho, entre los que destacan menores, ancianos y otros en situación de vulnerabilidad", subraya.
La fiscalía y el tribunal evaluarán la imposición a los imputados o acusados, de medidas cautelares que eviten la continuidad del delito.
Refiere, además, que si del accionar de los referidos órganos administrativos y de prevención, se produce la salida voluntaria de los ocupantes, esa conducta será tenida en cuenta por el tribunal, el cual podría modificar la sanción.
Cuando la ocupación o apoderamiento acontezca con locales pertenecientes a personas jurídicas (entidades estatales especialmente), se procederá de igual forma. "Las autoridades administrativas, titulares del bien objeto del delito, son los responsables de restituir la legalidad quebrantada, en unión de los demás grupos o instituciones que se estimen pertinentes y la Policía Nacional Revolucionaria", detalla la publicación.
El Dictamen publicado afirma que se tomó esta decisión en una sesión ordinaria celebrada el 15 de febrero de 2023, luego de que ha crecido el número de personas que "se apoderan ilegalmente de viviendas de las que sus titulares se encuentran ausentes temporalmente, o se introducen y ocupan ilícitamente locales propios de instituciones o entidades públicas, provocando, en ocasiones, serios problemas sociales y dificultades en el funcionamiento de las entidades o instituciones afectadas".
Decenas de cubanos que en los últimos dos años han abandonado el país y cerrado sus propiedades en Cuba, han manifestado su preocupación con que sus viviendas sean ocupadas por personas sin hogar, luego de que se ha incrementado la deuda habitacional del régimen con la población del país.
El gobierno de la isla ha aprovechado este contexto para justificar el recrudecimiento de las medidas contra las ocupaciones, luego de que en los últimos años ha sido criticado por desalojar violentamente a mujeres con hijos que han tomado locales estatales abandonados, y derrumbado viviendas improvisadas en varias regiones.
El gobierno municipal de Placetas tiene "pendiente" el desalojo una familia con tres niños que ocupó un local del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) para vivir, debido al grave deterioro de su vivienda y la carencia de soluciones oficiales durante siete años.
En 2022 trascendieron varios desalojos, uno de ellos en Santa Clara, donde las autoridades desalojaron a cuatro personas que ocupaban locales estatales y anunciaron que preparaban más expedientes para expulsar a otros ciudadanos.
En noviembre el desalojo de una familia con cinco hijos menores que habían ocupado una vivienda en Sancti Spíritus provocó un enfrentamiento con la policía que terminó con heridas leves de machete a uno de los agentes.
Sin embargo, el régimen cubano sigue reconociendo que incumple los planes de construcción de viviendas a pesar de que la deuda habitacional con la población del país era superior 862.879 casas en 2021, y quedaba pendiente la construcción de 51.619 viviendas afectadas por eventos climatológicos, de acuerdo con una nota de la presidencia cubana ese año.
Los ocupantes ilegales de locales estatales dicen que no tienen opción para vivir con sus hijos, pues el gobierno no construye casas ni provee de recursos para hacerlo por cuenta propia.
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