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Autoridades de Santa Clara desalojaron a cuatro personas que ocupaban locales estatales y preparan expedientes para expulsar a otros ciudadanos.
"Actualmente, se preparan otros cuatro expedientes, y se continuará trabajando en los casos anteriores", dijo Antonio Arteaga Águila, viceintendente para Construcción y Vivienda en Santa Clara, al periódico oficial Vanguardia.
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De julio a la fecha, además, fueron devueltas siete viviendas a sus dueños, para un total de 22 en lo que va de año, informaron autoridades locales, aunque acotaron que esos resultados se deben a que desde julio no se han interpuesto nuevas denuncias por instituciones estatales o personas naturales.
"Todos los que salieron de los inmuebles estatales y particulares regresaron a su lugar de origen. En sus consejos populares, serán evaluadas y atendidas sus necesidades, según la prioridad que merezcan; pero nunca desde una posición de fuerza", advirtió Eduardo Andrés Román Duarte, intendente del municipio.
El director de Vivienda, Luis Pírez Llamosa, aseguró que a una de las personas ocupantes se le había otorgado una vivienda en 2019, la vendió, compró otra "en mal estado" y luego ocupó un local "alegando necesidades habitacionales".
La nota del periódico refirió la historia de Mercedes Inés Véliz Sánchez, quien recuperó la casa de su hija después de que fuera ocupada ilegalmente en dos ocasiones.
Según la versión oficial, luego de muchos obstáculos burocráticos y "un intento de escándalo político en redes sociales", Véliz recuperó la vivienda y enfrentó la destrucción y numerosas pérdidas que registró en una denuncia de robo con fuerza.
Aunque en su opinión su caso se resolvió de forma acelerada, dijo que "la demora está en la declaración de ocupante ilegal y la extracción en las 72 horas que establece la ley".
El Código Penal vigente establece sanciones para evitar la ocupación o usurpación de locales, sin embargo, su solución es por la vía administrativa, porque la Ley General de la Vivienda es el mecanismo legal para darle respuesta problemas de ese tipo.
Las ocupaciones ilegales en Villa Clara registraron un aumento durante el primer semestre del año, según reportes de la prensa local. En mayo, incluso, se produjo la ocupación de ocho consultorios médicos.
Entre 2008 y 2021 en Santa Clara se registraron 85 casos radicados con resolución de ocupación ilegal, y en lo que va de este año se sumaron otros ocho, aunque unos 30 expedientes aguardaban por una respuesta, según estadísticas oficiales.
Hace unos meses, en esa misma ciudad, la policía desalojó con violencia a una madre de dos niñas pequeñas que ocupó una vivienda vacía, propiedad de cubanos residentes en el extranjero.
Muchas de las usurpaciones son realizadas por personas en situaciones de vulnerabilidad. Recientemente trascendió un hecho similar en La Habana, cuando otra madre fue desalojada con sus dos hijos pequeños de una vivienda donde se había instalado.
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