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El régimen cubano anunció medidas para enfrentar el delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales en el país, en un contexto de crisis generalizada donde se han disparado las denuncias de robos en varias modalidades.
Al intervenir en las sesiones de la Asamblea Nacional que concluyeron este miércoles, el primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, dijo que los delitos más frecuentes identificados son especulación, acaparamiento, receptación y actividad económica ilícita.
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También mencionó delitos contra el patrimonio como hurto y robos con fuerza; delitos relacionados con el ganado; afectaciones en las viviendas, almacenes y bodegas del país; y la sustracción de ciclomotores eléctricos o motorinas y teléfonos celulares.
El funcionario dijo que la implementación de las medidas son un "reclamo del pueblo" y deberá ser "una tarea permanente, sostenible, sistemática y sistémica, y que se incremente el rechazo y la denuncia de todas las categorías de personal y de la ciudadanía a estos fenómenos negativos".
Marrero Cruz culpó del aumento de los delitos al embargo estadounidense y al impacto de la crisis internacional provocada por la pandemia.
"Lo anterior, conjugado con nuestras propias insuficiencias y limitaciones, los desabastecimientos de mercancías, la crisis energética y los elevados niveles de inflación, y con ello los precios altos, contribuye al incremento de las ilegalidades, los delitos y la corrupción", agregó.
"Conscientes de nuestras limitaciones para satisfacer las carencias en el corto o mediano plazos, nos queda entonces incrementar el control de los recursos, para evitar que las tentaciones y la codicia se consoliden", expresó.
Las medidas para detener la ola delictiva incluyen "jerarquizar la prevención y el enfrentamiento a las conductas ilegales en la comercialización de productos y prestación de servicios a la población", especialmente en los mecanismos para la venta de mercancías –sobre todo en la capital– "en sustitución de la Operación Lucha Contra Coleros (LCC), que será eliminada gradualmente en todo el país".
Mencionó que esto incluye generalizar la venta controlada por núcleos en los establecimientos comerciales; ordenar las zonas o espacios de ventas de artículos y productos por las formas de gestión no estatal; controlar la licitud de los productos de todo tipo puestos a la venta, incluidos agropecuarios e importados sin carácter comercial, y establecer horarios de venta extendidos.
También llamó a concluir la informatización de las oficinas del registro de consumidores, y avanzar hacia la bancarización obligatoria de los flujos monetarios vinculados con los ingresos y ventas de las formas de gestión no estatal, y precisar las regulaciones para la comercialización de productos en la red de tiendas en MLC y CUP.
También pidió "robustecer el enfrentamiento a las ilegalidades en la contratación de fuerza de trabajo y a los deudores del pago de multas e indisciplinas en el pago de los impuestos, con la aplicación de medidas que pueden abarcar el cierre de los establecimientos, retiro de la autorización para ejercer el trabajo por cuenta propia de forma temporal o definitiva, hasta la formulación de denuncias penales".
Agregó que el gobierno prevé "perfeccionar las estructuras administrativas de las provincias y municipios, y lograr un efectivo sistema de inspección territorial".
Las acciones se suman a otras implementadas por el gobierno de La Habana para enfrentar a revendedores de alimentos, y para lo cual se incrementaron las inspecciones a entidades estatales y se vigilara el acaparamiento de mercancías.
Los controles ya comenzaron y los resultados se muestran en la prensa oficialista, una estrategia cíclica usada por el régimen en tiempos de crisis, para culpar a factores de la comunidad de los males estructurales del país.
En las últimas semana las autoridades inspeccionaron seis panaderías en La Lisa y detectaron decenas de ilegalidades. Varias personas fueron multadas y tres fueron despedidas por malversación de recursos del Estado. También realizaron revisiones en centros nocturnos, como El Sauce, donde también detectaron irregularidades y aplicaron multas.
Sin embargo, las autoridades cubanas no mencionan que la crisis que atraviesa el país se debe en gran medida a la adopción de políticas económicas como la Tarea Ordenamiento, que disparó la inflación en más del 700 % y empobreció aún más a los cubanos en un corto período de tiempo.
Una de las principales críticas que recibe el gobierno es que estas acciones contra la corrupción pocas veces tienen un impacto en la cúpula política del país, y se castiga al que vende alimentos y productos de primera necesidad que son impagables en las tiendas estatales.
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