La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba (ANPP) aprobó este martes el proyecto de Ley “De la expropiación por razones de utilidad pública o interés social”.
La ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños Weiss, consideró que la Ley viene a completar el régimen jurídico de la expropiación “por Razones de Utilidad Pública o Interés Social” estableciendo las bases para determinar su utilidad y necesidad, las garantías debidas, la forma de indemnización y otras cuestiones procedentes del mandato constitucional.
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“El proyecto de ley presentado a la Asamblea Nacional suple la inexistencia de una norma como único cuerpo jurídico para sustituir la entidad de la expropiación”, dijo la titular según Cubadebate.
Para Bolaños Weiss, la norma aprobada es una Ley garantista “porque dispone de aquellos requisitos que deben cumplirse para aplicar la institución de la expropiación, y que refuerza el artículo constitucional que protege el derecho a la propiedad”.
“Es una ley que ha seguido con rigor todo el proceso de consulta durante su elaboración, tanto las consultas especializadas como las realizadas con la población”, afirmó la ministra. “Entre el 1 y el 3 de diciembre intercambiamos con diputados para escuchar consideraciones, analizarlas, responder y esclarecer otras”, dijo.
Por su parte, el secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Homero Acosta se refirió a la “tergiversación” del significado de la Ley entre la población, que ve “gato encerrado” en las formas y el fondo de la iniciativa legislativa.
“Las personas dicen que los comunistas quieren acabar con la propiedad privada, pero no es así. Desde el propio capitalismo existe la capacidad regulatoria del Estado. Esta es una norma de la que nos podemos sentir orgullosos, y podemos mostrarla así ante el mundo”, expresó.
Para reforzar su argumento sobre las bondades de la Ley, Acosta reconoció que “hoy el Estado puede expropiar sin esta ley”. Sin embargo, a pesar de tener esa potestad, el Estado socialista cubano decidió legislar sobre la cuestión para “ofrecer más garantías frente a la administración y regular la actuación de la misma”.
Como se esperaba, el texto fue aprobado por unanimidad. En su reporte, el Noticiero Nacional de Televisión (NTV) transmitió el momento de la votación tras el “debate”. Al presidente de la ANPP, Esteban Lazo, le bastaron tres segundos para contar el voto a mano alzada de los 601 diputados.
“Vamos a someter a votación el Proyecto de Ley. Los que estén de acuerdo que lo demuestren levantando la mano… [tres segundos después]… Pueden bajarla… ¿Abstención?... ¡Aprobado por unanimidad! [aplausos]”, dijo Lazo.
Usuarios cubanos de redes sociales mostraron, sin embargo, a dos diputados al menos que no tuvieron la suficiente agilidad para levantar la mano en el fugaz instante que tardó en aprobarse por “unanimidad” esta Ley.
El catálogo de lo que puede constituir “de utilidad pública o interés social” es bastante amplio, según la norma, dando a los poderes públicos reconocidos legalmente un amplio margen para justificar sus consideraciones a la hora de proceder a una expropiación.
“El establecimiento, explotación o conservación de un servicio público”; “el aprovechamiento y la conservación de los recursos naturales y el manejo sostenible del [medio] ambiente”; o “la construcción de centros educativos, de salud, deportivos, culturales, de recreación u otras obras o infraestructuras destinadas al bienestar colectivo o el desarrollo urbano o rural”, son algunas de los 18 supuestos que podrían causar una expropiación.
Según la prensa oficialista, “la iniciativa legislativa fortalece –a nivel sin precedentes en el Derecho cubano– el entorno jurídico de las garantías procedimentales y patrimoniales para los sujetos a la expropiación forzosa”.
No obstante, en un contexto marcado por el éxodo masivo de cubanos que emigran huyendo de la crisis en Cuba -dejando atrás bienes y propiedades que, en ocasiones se transfieren a otros propietarios sin garantías de seguridad jurídica-, la adopción de una Ley de expropiación como la esbozada en el Anteproyecto viene a fragilizar aún más las relaciones entre los ciudadanos cubanos y el Estado que, de manera cada vez más palmaria, prioriza sus intereses y su posición en el poder sobre la “utilidad pública o interés social”.
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