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Un cubano residente en Holguín denunció que lleva más de nueve años reclamando una porción de tierra perteneciente a su difunto abuelo y las autoridades demoran el proceso para no cedérsela.
Rosendo Rodríguez Torres, vecino del municipio holguinero Urbano Noris, se quejó a través de la sección “Acuse de recibo” del diario oficialista Juventud Rebelde, de que el Registro de la Tierra y la Delegación Provincial de la Agricultura han demorado el trámite de concesión del terreno que le corresponde por derecho y exigió que se haga cumplir la justicia y la legalidad, supervisando la actuación de los funcionarios a cargo de su caso.
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El ciudadano denunció que se trata de un “proceso vicioso”, donde demoran la resolución del caso violando, incluso, los términos establecidos para ofrecer una respuesta a su reclamo. “He sido objeto de innumerables investigaciones en todo este tiempo y a pesar de ello se me ha estado mintiendo en las respuestas mediante diligencias de notificaciones”, condenó.
A Rodríguez se le ha negado información sobre el patrimonio que reclama, por lo cual tuvo que recurrir a la Fiscalía en sus instancias municipal, provincial y nacional, al Poder Popular y a los comités municipal y provincial del partido.
Cuando se analizaron los documentos obtenidos de la Fiscalía, que desmienten la información proporcionada por otras instancias, pretendieron reconocer su derecho sobre una superficie menor a la que realmente le corresponde.
Rodríguez también acusó a las instituciones encargadas de su caso de provocar una demora de largos períodos para las respuestas con el objetivo de que los documentos presentados por él caduquen o que por “edad geriátrica” se vea incapacitado de reclamar.
“Ante estas situaciones, personas como yo ya no saben ante quién quejarse o dirigirse, ante tanta desatención e injusticia, creando insatisfacciones, mal sentir y afectaciones psicológicas, en medio de las adversidades que sufre nuestro pueblo y sus campesinos”, argumentó.
En la sección de comentarios algunos usuarios manifestaron su solidaridad con el caso de Rodríguez y se indignaron por la morosidad del proceso.
“En Cuba hay muchas personas a quienes se les violan sus derechos de forma sistemática gracias al pésimo desempeño de las instituciones, y que deja innumerables insatisfacciones. Situaciones como esa, ponen de relieve que Cuba no es ni por asomo un estado de derecho y francamente dudo que alguna vez lo sea”, consideró uno.
Una usuaria, identificada como IleanaQP, cuestionó si “pretenderán estos nuevos dirigentes expropiarle tierras al campesino que fueron entregadas muchas a partir de esta ley [Segunda Ley de Reforma Agraria] para beneficio del campesino que es el que mejor la sabe explotar” y arguyó que era hora de destituir a todos los dirigentes que deterioran cada vez más el sector agrícola.
Muchos campesinos cubanos han reclamado al Ministerio de la Agricultura su derecho sobre parcelas de tierra. El año pasado trascendió que el gobierno le había negado a un agricultor la concesión de tierras en usufructo, a pesar de sus intenciones de aprovecharlas para producir alimentos de los cuales se beneficiaría la población.
Otros han condenado la expropiación de tierras por parte del Estado, que se ampara en el decreto ley 125/91 que regula el Régimen de posesión, propiedad y herencia de la tierra y bienes agropecuarios.
En 2020, al campesino Osniel Fernández Verdecia se le notificó que la mayor parte de la finca La Chela, en Nueva Gerona, Isla de la Juventud, que fue de su abuelo y de su padre desde antes de 1959, pasaba a ser patrimonio del Estado.
En esa ocasión, el gobierno resolvió "traspasar al Estado cubano la proporción que le correspondía" de la finca, y quedarse con las reses y con la casa familiar que había heredado la viuda del padre.
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