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La Asociación Cubanos por la Democracia y el Consejo Cubano-Europeo exigieron al grupo hotelero Meliá que suspenda “cualquier nueva inversión o actividad en conjunto con entidades” pertenecientes a los militares cubanos, responsables de la represión que sufren los cubanos que desafían al régimen.
En una carta divulgada este martes y dirigida a Meliá Hotels International S.A., organizaciones de la sociedad civil cubana y europea condenaron los negocios del grupo en Cuba “por violar los derechos humanos, civiles y políticos de los empleados cubanos y financiar a la dictadura cubana”.
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Luego de señalar las violaciones de los derechos de los trabajadores cubanos que trabajan para el grupo en la isla, la misiva demandó a Meliá el “cumplimiento de la normativa española, internacional y de responsabilidad social corporativa”, en sus negocios en Cuba.
En ese sentido, pidió al grupo hotelero “suspender cualquier nueva inversión o actividad en conjunto con entidades y subentidades públicas y/o privadas controladas por el Ministerio de las Fuerzas Armadas (FAR) y el Ministerio del Interior (MININT), como las empresas Grupo de Administración Empresarial, SA (GAESA), Corporación CIMEX y Grupo de Turismo Gaviota y cualesquiera otras que participen, directa o indirectamente, en la represión de los cubanos”.
Señalando que “Meliá, en su expansión internacional en el Caribe, ha optado por asociar su marca y su prestigio, al descrédito del gobierno cubano, criminal y mafioso”, los firmantes de la carta recordaron a los hoteleros españoles que sus licencias de operación en Cuba dependen de la sujeción al entramado legal de la dictadura.
“Meliá, para operar en Cuba, se ha adherido a las leyes cubanas que establecen que el Partido Comunista de Cuba (PCC) es ‘la fuerza dirigente de la sociedad y del Estado’, declaran al sistema político comunista como ‘irreversible’, e instan a los ciudadanos a ‘combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada’ contra los cubanos que piensen diferente”, expresaron.
Precisamente, la Constitución y las leyes cubanas son las que permitieron al gobernante Miguel Díaz-Canel activar “la brutal represión desatada a raíz de las manifestaciones del 11 de julio de 2021, cuando miles de cubanos se lanzaron a las calles reclamando el fin de la dictadura”.
Poniendo el foco sobre la represión desatada tras el 11J, las más de 1,300 detenciones arbitrarias, los 800 presos políticos que continúan tras las rejas, “incluyendo mujeres y menores de edad”, y el centenar de ellos que han sido ya sentenciados “a condenas que oscilan entre 10 y 30 años de cárcel”, los activistas resaltaron que “el Estado cubano viola, de manera flagrante, todas las convenciones internacionales en materia de derechos humanos”.
Desde el "Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre la Unión Europea y Cuba", hasta los derechos de los trabajadores reconocidos en los Convenios Internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, el régimen cubano incumple de manera grave y reiterada los acuerdos y la legislación internacional.
Los trabajadores cubanos de los hoteles de Meliá en Cuba “no tienen libertad sindical, imponiéndoseles la sindicación en el único sindicato autorizado (CTC), y se les niega el derecho a la negociación colectiva y a la huelga”, indicaron.
Tampoco “reciben una retribución digna y acorde a los estándares regionales” y se “ven obligados a realizar trabajo forzoso y se les mantiene en régimen de semi-esclavitud”. En este punto llamaron la atención sobre el convenio suscrito por Meliá con la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos “la misma empresa estatal cubana que vende las misiones de médicos cubanos a terceros países” en un régimen reconocido internacionalmente como “de esclavitud”.
Por otro lado, denunciaron que las empresas cubanas que son socias y proveedoras de Meliá en Cuba “pertenecen, en su mayoría, al conglomerado mafioso de empresas militares, que ocultan su complejo entramado societario y financiero en paraísos fiscales, cometen delitos de corrupción, blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y otros delitos económicos”. Además “violan los derechos laborales, civiles y políticos de sus trabajadores”.
En consecuencia, solicitaron a Meliá que apoye “las iniciativas pacíficas en favor de la democracia y el Estado de Derecho en Cuba, activando canales de diálogo y de colaboración con las asociaciones que representan a la sociedad civil cubana, dentro y fuera de Cuba, que no estén vinculadas con el régimen cubano”.
Asimismo, les encomendaron “velar por el cumplimiento estricto de la normativa de transparencia y seguridad financiera, prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, no realizando transacciones financieras que puedan ser utilizadas para la violación de los derechos humanos en Cuba”.
Recordándoles el cuerpo normativo español y europeo que determinan la responsabilidad social de las empresas y protegen los derechos humanos, los activistas cubanos y europeos firmantes de la carta les apremiaron a romper “relaciones con entidades públicas, organismos y/o dirigentes gubernamentales que hayan estado o estén implicados en la represión de las protestas pacíficas”.
“Meliá declara públicamente haber incorporado dicha normativa a sus códigos éticos, valores y políticas de responsabilidad social corporativa. Sin embargo, los negocios hoteleros de Meliá en Cuba, NO CUMPLEN CON ESA NORMATIVA”, afirmaron.
Por ese motivo, urgieron al grupo hotelero a revisar su política empresarial en Cuba y alinearse con la normativa internacional y los estándares universales de derechos humanos. “En caso contrario, pedimos que Meliá cese su actividad de negocio en Cuba, porque incumple la ley española e internacional”, concluyeron.
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