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Las declaraciones del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, calificando de “ridícula” la ciudadanía por nacimiento garantizada por la 14ª Enmienda, han generado un intenso debate en las redes sociales, fundamentalmente entre los emigrantes.
Estas palabras han despertado dudas sobre los métodos de transmisión de la ciudadanía estadounidense y sus diferencias con otros países.
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La polémica ha puesto en el centro del debate el principio del jus soli (derecho de suelo), uno de los pilares del sistema estadounidense.
Nacimiento en territorio estadounidense: el jus soli
En Estados Unidos, cualquier persona nacida en su territorio adquiere automáticamente la ciudadanía, sin importar la nacionalidad o el estatus migratorio de sus padres, según Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).
Este principio, consagrado en la 14ª Enmienda, ha convertido al país en uno de los pocos que otorgan la ciudadanía de manera automática por nacimiento en suelo nacional.
En comparación, países como España, Alemania o Japón no aplican el jus soli de forma automática. En estos casos, al menos uno de los padres debe ser ciudadano del país para que el niño obtenga la nacionalidad.
Por otro lado, países como Canadá, Brasil y Argentina comparten con Estados Unidos la práctica del jus soli, otorgando ciudadanía a todas las personas nacidas en su territorio.
Ciudadanía por descendencia: el jus sanguinis
Además del jus soli, Estados Unidos aplica el jus sanguinis (derecho de sangre), que permite la transmisión de la ciudadanía a los hijos de ciudadanos estadounidenses nacidos en el extranjero, según USCIS.
Sin embargo, este proceso tiene requisitos específicos, como que al menos uno de los padres haya residido en el país por un período mínimo antes del nacimiento del hijo.
Otros países, como España, Italia e Irlanda, tienen reglas más amplias para la transmisión de ciudadanía por descendencia, permitiendo que los hijos de ciudadanos obtengan la nacionalidad automáticamente, incluso si sus padres nunca han residido en el país.
Japón y Alemania, en cambio, aplican el jus sanguinis de manera más restrictiva y limitan la posibilidad de doble nacionalidad.
Naturalización: un camino para inmigrantes
Para los inmigrantes que desean adquirir la ciudadanía estadounidense, el proceso de naturalización incluye requisitos como haber sido residente permanente (Green Card) durante al menos cinco años, aprobar exámenes de inglés y conocimientos cívicos, y demostrar “buen carácter moral”.
En comparación, países como España requieren hasta diez años de residencia para la naturalización, salvo para ciudadanos iberoamericanos, quienes pueden solicitarla tras dos años. En Canadá, la naturalización puede lograrse tras tres años de residencia en un período de cinco años, mientras que en Alemania generalmente se requiere un mínimo de ocho años.
Doble nacionalidad: mayor flexibilidad en Estados Unidos
Estados Unidos permite la doble nacionalidad, aunque exige a las personas naturalizadas un juramento de lealtad al país, apuntó USCIS.
Sin embargo, no obliga a renunciar a la ciudadanía de origen, a diferencia de países como Alemania y Japón, que imponen restricciones estrictas a la doble nacionalidad.
Por el contrario, España, Italia, Reino Unido y Canadá adoptan políticas más flexibles, permitiendo múltiples nacionalidades.
El sistema estadounidense para la transmisión de la ciudadanía combina principios como el jus soli y el jus sanguinis con un proceso de naturalización accesible, lo que lo convierte en uno de los modelos más inclusivos del mundo.
Sin embargo, las recientes críticas al jus soli han reavivado los debates sobre su futuro, generando incertidumbre entre los emigrantes y destacando las diferencias entre Estados Unidos y otros países, donde las reglas para la transmisión de la ciudadanía suelen ser más restrictivas.
Desde su victoria en las elecciones presidenciales de 2024, Donald Trump ha intensificado su retórica en torno a la inmigración, generando un amplio debate sobre las políticas que implementará a partir de enero.
Entre sus declaraciones más destacadas, Trump reafirmó su intención de eliminar el programa de parole humanitario, una iniciativa introducida por la administración Biden para facilitar la entrada legal de ciudadanos de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua. Según sus palabras, estas medidas han sido "blandas" y han fomentado la inmigración no deseada, lo que lo lleva a priorizar regulaciones más estrictas y deportaciones masivas.
El programa de parole humanitario ha permitido que más de 530,000 personas ingresen legalmente a Estados Unidos, pero Trump ha señalado que considera estos mecanismos como una "puerta abierta" para el abuso del sistema migratorio.
Adicionalmente, ha anunciado que reforzará las políticas de seguridad fronteriza y agilizará los procesos de deportación, lo que incluye a migrantes en situaciones irregulares y a quienes no cumplan con los requisitos de asilo.
En el ámbito internacional, Trump también ha comenzado diálogos estratégicos con líderes de América Latina, destacando el tema migratorio como una prioridad en su agenda.
En sus recientes conversaciones con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, enfatizó la importancia de la cooperación bilateral para enfrentar los desafíos relacionados con la migración. Sin embargo, estas interacciones han sido vistas por analistas como el preludio de medidas unilaterales más severas en la frontera sur de Estados Unidos.
Otro aspecto relevante en sus declaraciones ha sido la postura hacia los migrantes beneficiarios de programas como CBP One, quienes, según Trump, deben cumplir con estrictos controles legales para evitar su deportación. Aunque los cubanos cuentan con la Ley de Ajuste Cubano como salvaguarda, otras nacionalidades, como haitianos y venezolanos, enfrentan un panorama más incierto.
La retórica de Trump sobre los emigrantes ha generado preocupaciones tanto dentro como fuera de Estados Unidos, mientras se perfilan cambios significativos en las políticas migratorias que podrían afectar a cientos de miles de personas.
Preguntas frecuentes sobre la ciudadanía por nacimiento y las políticas migratorias de Donald Trump
¿Qué es la ciudadanía por derecho de nacimiento en Estados Unidos?
La ciudadanía por derecho de nacimiento es un principio establecido por la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos que otorga la ciudadanía automática a cualquier persona nacida en territorio estadounidense, independientemente del estatus migratorio de sus padres. Donald Trump ha calificado esta disposición como "ridícula" y ha manifestado su intención de abolirla mediante una acción ejecutiva.
¿Es posible eliminar la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos con una orden ejecutiva?
No es posible eliminar la ciudadanía por nacimiento mediante una orden ejecutiva, ya que está garantizada por la 14ª Enmienda de la Constitución de EE.UU. Cualquier intento de cambiar esta disposición requiere una enmienda constitucional, lo cual es un proceso complejo que implica la aprobación de dos tercios de ambas cámaras del Congreso y la ratificación de tres cuartas partes de los estados. Los expertos legales califican la propuesta de Trump como inconstitucional.
¿Qué impacto tendría la eliminación de la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos?
La eliminación de la ciudadanía por nacimiento tendría un impacto devastador para millones de familias inmigrantes y para la economía estadounidense. Se crearían nuevas clases de "apátridas", niños nacidos en EE.UU. sin nacionalidad ni acceso a derechos básicos, afectando a familias mixtas y complicando aún más el sistema migratorio.
¿Cuáles son las reacciones ante la propuesta de Trump de eliminar la ciudadanía por nacimiento?
La propuesta de Trump ha generado reacciones mixtas. Mientras los demócratas y organizaciones de derechos humanos la califican de anticonstitucional y un ataque a los derechos civiles, la base conservadora y los seguidores de Trump la apoyan, considerándola un paso necesario para controlar la inmigración.
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