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Un total de 19 personas fueron condenadas en Cuba por su implicación en delitos de trata de menores entre los años 2022 y 2024, según un informe publicado por el diario oficialista Granma.
En el período señalado, se juzgaron 14 casos asociados a este acto ilegal, tras la identificación de igual número de víctimas, todas niñas menores de edad. Las condenas impuestas a los acusados, que incluyen a 13 hombres y seis mujeres, oscilan entre tres y 20 años de prisión.
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El reporte destacó que la baja incidencia de estos delitos en el territorio nacional es atribuida a las acciones preventivas y de enfrentamiento implementadas por el Estado, así como la ausencia de redes delictivas organizadas en el país.
Este esfuerzo es parte del Plan de Acción Nacional para la Prevención y Enfrentamiento de la Trata de Personas y la Protección a las Víctimas (2022-2024), que busca reforzar las medidas de protección y sanción, de acuerdo con Granma.
El medio agregó que Cuba mantiene su política de "Tolerancia Cero" ante cualquier forma de trata de personas, reforzando actividades de prevención y cooperación con organizaciones internacionales como INTERPOL y el sistema de las Naciones Unidas.
Además, se brindó atención especializada a las víctimas, especialmente a aquellos en situaciones de mayor vulnerabilidad, incluyendo niños, mujeres y personas con discapacidad.
En cambio, un reciente informe del Departamento de Estado estadounidense confirmó que Cuba continuará en el máximo nivel de alerta (Nivel 3) por su falta de cumplimiento con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas.
Este nivel indica que el gobierno de Miguel Díaz-Canel no solo no está realizando esfuerzos significativos para abordar esta problemática, sino que también persiste en prácticas gubernamentales que facilitan y se benefician del trabajo forzoso.
En el presente mes de octubre, la administración del presidente Joe Biden incluyó a Cuba entre los países que no realizan "esfuerzos significativos" para frenar la trata de personas y anunció la adopción de sanciones contra el régimen comunista.
Las medidas -todavía se desconocen- estarán vigentes hasta que se perciba un cambio de actitud de las autoridades de la isla y "cumplan con los estándares de la ley de prevención del tráfico de personas o se esfuercen por cumplirlos".
En mayo pasado, al menos siete personas –cinco hombres y dos mujeres– fueron condenados en la nación antillana por promocionar servicios para la obtención de documentos migratorios falsos y participar en actividades ilegales asociadas con la trata de personas.
En la emisión estelar del Noticiero Nacional de Televisión se informó que las sentencias dictadas contra los acusados van desde cinco hasta 28 años de privación de libertad por los delitos de tráfico de personas, falsificación de documentos y robo con violencia.
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