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El gobernador Ron DeSantis firmó este lunes un polémico proyecto de ley antidisturbios, que redefine las protestas y supuestamente "protege" de la violencia y el saqueo a los residentes y dueños de negocio en Florida.
En una conferencia de prensa el lunes por la mañana en Winter Haven el político suscribió la “Ley de protección contra la violencia, el desorden y el saqueo y la aplicación de la ley”, que contempla penas más severas para los arrestados durante los disturbios y permite responsabilizar a los gobiernos locales si ordenan la retirada de la policía durante las protestas que se vuelven caóticas, informó Local 10.
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"Es la legislación más fuerte en contra de los disturbios y a favor de la aplicación de la ley en el país, y no hay nada ni siquiera parecido", explicó DeSantis a los periodistas.
De acuerdo con el gobernador, las personas podrán demandar a los gobiernos locales por lesiones o daños a la propiedad sufridos durante este tipo de manifestaciones, y autoriza, por ejemplo, a que los conductores atraviesen las manifestaciones sin tener que enfrentar cargos por lo que resulte de esta acción.
Además, dijo, evitaría que los gobiernos locales retiren fondos a las agencias de aplicación de la ley, para controlar protestas violentas.
Los funcionarios encargados del cumplimiento de esta nueva ley aseguraron que respaldaban plenamente las protestas pacíficas, pero dijeron que esta legislación era importante para prevenir incidentes violentos.
Sin embargo, la iniciativa tiene varios detractores como The Black Collective, que considera que el proyecto de ley criminalizaría de forma desproporcionada a los negros en Florida y a los gobiernos locales que los apoyen.
Francesca Menes, cofundadora y presidenta de la junta directiva de esa organización dijo en un comunicado de prensa que el "proyecto de ley es una respuesta directa a nuestra organización eficaz, a nivel local y en todo el país, para reinventar la seguridad pública y valorar las vidas de los negros”.
Afirmó que “socavará nuestra libertad de expresión y castigará a los gobiernos locales por responder a las llamadas para priorizar las necesidades de sus comunidades. Estos delitos mayores, nuevos mínimos obligatorios y delitos establecidos que son intencionalmente vagos, aumentan la discreción de los agentes de policía individuales para interpretar cualquier reunión de tres o más personas negras en público”.
El proyecto de ley antidisturbios fue aprobado por la Cámara de Representantes de Florida a principios de abril por apoyo mayoritario de los republicanos, aunque contó con la oposición de los demócratas y luego se estancó en el Senado con la oposición del senador Jason Pizzo de Miami.
“Ni uno solo de mis colegas escuchó alguna vez de las fuerzas del orden público que el año pasado se sintieron indefensos en Florida. Que los valientes hombres y mujeres que sirven en los departamentos del alguacil o en los departamentos de policía locales se sintieron impotentes con los alborotadores desenfrenados”, explicó Pizzo.
La ley surge a raíz de las protestas desencadenadas en el estado por el deceso del afroamericano George Floyd y se firma a casi un año de ese trágico suceso, en el que un policía de Minneapolis presionó su rodilla contra la espalda de Floyd durante una detención hasta provocarle la muerte.
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