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La condena a siete años de prisión contra la exintendenta de Puerto Padre, Maricela Alonso Ojeda, ha generado una ola de reacciones en redes sociales.
La mayoría de los comentarios que aparecen en una publicación del grupo de Facebook Revolico Puerto Padre, celebran la sanción a la funcionaria corrupta, aunque otros cuestionan la impunidad de casos mayores y señalan la doble moral en el gobierno cubano.
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Uno de los mensajes más compartidos apunta: “Esa señora hizo mucho daño a personas y fue una gran manipuladora usando el poder que tuvo. Pero nada, tiene mucha influencia y saldrá pronto”.
Otro usuario expresó su molestia por la corrupción generalizada en el país: “Si esos son los más chiquitos, qué se puede esperar de las grandes ligas. La mediocridad y el abuso están por todas partes”. “Ahora cumple dos o tres años y a seguir robando. Eso es normal en todos los lugares”, comentó otro lector.
La comparación con otros funcionarios también fue recurrente: “Poco le pidieron, pero los que siguen en el mandato están en lo mismo. El gobierno debería mirar también a la empresa eléctrica, que está acabando con el pueblo”, reclamó una usuaria.
“Lo triste es que esto nunca termina. El que pusieron por ella seguro ya está en lo mismo”, afirmó una persona. Mientras tanto, hubo quienes pidieron una revisión más profunda: “Que hagan una limpieza grande en toda Cuba, porque el mal está generalizado. Basta ya de la doble moral”.
Aunque algunas voces trataron de defender a la exfuncionaria, recordando gestos de ayuda a ciudadanos en situaciones difíciles, la mayoría coincidió en que debía pagar por sus actos. “Que pague por lo que hizo. Ya bastante calamidades tiene el pueblo como para tolerar abusos de poder”, opinó otro internauta.
Maricela Alonso Ojeda, fue condenada a siete años de prisión como autora del delito de malversación, tras ser hallada culpable de apropiarse de bienes estatales destinados a la venta a la población.
El Tribunal Provincial Popular de Las Tunas señaló que junto a ella también fue sancionado Mario Quirino Infante Sosa, considerado partícipe en los hechos, quien deberá cumplir seis años de privación de libertad.
Las reacciones en las redes dejan claro que la desconfianza hacia las autoridades y la corrupción son temas que indignan a los cubanos. La sentencia, aunque celebrada por algunos, es vista por otros como un castigo leve en un sistema que sigue sin atacar las raíces profundas del problema.
El pueblo cubano todavía espera información oficial sobre el mayor caso de corrupción de los últimos tiempos, que terminó con la detención del ex Viceprimer Ministro y Ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández.
Gil fue separado de su cargo y el gobierno solo dijo que se había abierto un expediente investigativo en la Fiscalía por "graves errores" durante su gestión.
Al momento de estallar este escándalo de corrupción, él dirigía procesos de alta responsabilidad en Cuba como la bancarización, el control de las remesas y el ordenamiento monetario. El régimen mantiene este caso en absoluto silencio.
Preguntas frecuentes sobre la condena por corrupción en Las Tunas y la situación de corrupción en Cuba
¿Cuál es la condena impuesta a Maricela Alonso Ojeda?
Maricela Alonso Ojeda fue condenada a siete años de prisión por el delito de malversación, tras ser hallada culpable de apropiarse de bienes estatales destinados a la venta a la población. Junto a ella, Mario Quirino Infante Sosa también fue sancionado a seis años de privación de libertad por su participación en los hechos.
¿Cómo ha reaccionado la población cubana ante la condena por corrupción?
La condena ha generado múltiples reacciones en redes sociales, con muchos usuarios celebrando la sanción como un paso necesario, mientras otros critican la impunidad en casos mayores y denuncian la corrupción generalizada en el país. La desconfianza hacia las autoridades y la indignación por la corrupción son sentimientos predominantes entre los cubanos.
¿Qué aspectos del sistema judicial cubano se han puesto en duda tras este caso?
El sistema judicial cubano ha sido criticado por su falta de transparencia y efectividad en abordar la corrupción a nivel estatal. Muchos consideran que las penas son leves y no atacan las raíces profundas del problema, mientras que otros casos de corrupción, como el del exministro de Economía Alejandro Gil Fernández, aún no han sido esclarecidos públicamente.
¿Qué medidas adicionales se han tomado contra los condenados por corrupción en Las Tunas?
Además de las penas de cárcel, el tribunal impuso sanciones accesorias como la prohibición de ejercer cualquier profesión relacionada con la administración de recursos materiales y financieros, y se les retiraron los derechos políticos como el sufragio activo y pasivo. Se les inhabilitó para ocupar cargos de dirección en órganos del Estado y se les prohibió obtener pasaporte o salir del país hasta el cumplimiento íntegro de la sanción.
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